Desmantelamiento del Poder Judicial, un peligro para la economía

Hace unas semanas Daron Acemoglu, James Robinson y Simon Johnson fueron anunciados como los ganadores del Premio Nobel de Economía 2025. Los dos primeros escribieron en 2012 un libro llamado ¿Por qué fracasan los países?, en donde explican los factores que contribuyen al desarrollo y generación de riqueza, pero también aquellas acciones de los gobiernos que ahuyentan la inversión y hacen que los países tiendan al fracaso.

Dichos autores señalan muchas instituciones políticas y económicas como responsables del desarrollo y crecimiento, sin embargo, entre las mismas destacan un poder judicial fuerte, que pueda hacer valer la separación de poderes y que le den garantías a los inversionistas que no van a ser expropiados, salvo que existan razones realmente justificadas.

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Es por ello que nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, mostraron su preocupación por la reforma judicial, porque afrontémoslo, el objetivo final no es hacer un poder más fuerte que sirva a los ciudadanos, sino más bien controlar a dicho poder y ponerlo al servicio del ejecutivo, lo cual a la larga puede dejar en la indefensión a los ciudadanos.

Los tribunales, cuando hacen bien su trabajo, son incómodos al poder político, son un contrapeso, porque desde dicho espacio se protegen derechos, por ende enmiendan la plana de las autoridades cuando las mismas se sobrepasan de sus funciones.

El problema es que ahora la reforma judicial, sobre todo por su mecanismo de diseño, en donde los jueces tienen que pasar por un proceso de elección abierto, propiciará que dichos jueces queden a merced de las estructuras de los partidos y de los gobiernos, en donde el federal llevará mano y su independencia quedará comprometida.

Ante tal escenario, el Poder Judicial quedará al servicio del poder político, por tanto, podrán tolerar atropellos perpetrados contra los ciudadanos, instituciones y empresas que no sean afines. Afectando derechos económicos, pero también derechos humanos en general y debilitando la vida democrática del país.

Y volviendo a los argumentos de Daron Acemoglu y James Robinson, si un inversionista extranjero tiene varios países en los que puede colocar su dinero, va a buscar llevarlo a donde le dé más réditos, pero también a donde corra menos riesgos y si percibe que las instituciones de México no le garantizan seguridad, llevará su dinero a otros países que sí lo hagan, perdiéndose así inversiones, empleos, impuestos y divisas.

Al final los mercados internacionales funcionan a través de señales y confianza, a ellos lo que les importa es la ganancia y se concentrarán en los países que les den ganancias y seguridades. En ese sentido, México tomó un mal camino porque envió las señales incorrectas al mundo y lo peor es que éstas pueden empeorar en los siguientes meses, si se sigue el camino de minar a los órganos constitucionales autónomos como el INE, el INAI, la CNDH o el Banco de México.

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@victorsanval