"El Sarape" que motivó el pleito en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

La Planta de Termovalorización "El Sarape" que será construida en las 13 hectáreas donde operó el tiradero de basura del Bordo Poniente representará un riesgo ambiental para Ciudad de México y zona conurbada, así como un negocio para la empresa privada Proactiva, filial de la compañía francesa Veolia, consideraron ambientalistas.

La Ciudad de México genera al día cerca de 13 mil toneladas de residuos, una parte se entierra en rellenos sanitarios y se destina a composta, otra se va a cementeras y el resto, se recicla.

El gobierno de Miguel Ángel Mancera otorgó una licitación de prestación de servicio integral a la empresa Proactiva Medio Ambiente SA de CV /Veolia para el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una Planta de Termovalorización que funcionará a 30 años.

El argumento de la Planta es para evitar que se entierre la basura a rellenos sanitarios y que deje de generar gases invernadero que impacten en el cambio climático. De tal forma, 4 mil 500 toneladas de residuos irían a la termovalorizadora, 2 mil a una planta de biodigestión, la cual está en proceso de licitación, mil 500 a composta, mil 400 a cementeras, 2 mil a reciclaje.

Restarían mil 600 toneladas que de no encontrar otro mecanismo para el manejo se mandarán a rellenos sanitarios, indicó Jaime Slomianski, titular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU) del gobierno de la CDMX.

El gobierno de la ciudad pagará por la contraprestación del servicio 2 mil 316 millones pesos sin iva de manera anual,  y que a 30 años suma 69 mil 480 millones de pesos. Con la operación de la Planta se generará energía eléctrica que será utilizada para mover las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

¿"El Sarape ayudará al medio ambiente?

Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes y ambientalista, expresó que la termovalorizadora solo será un negocio, puesto que no se buscó una alternativa limpia, ya que la planta será de incineración

"La Ciudad de México tiene el 10 por ciento de los días limpios. La carga de contaminantes que tendríamos con una incineradora de basura, que la mayoría es conformada por plásticos, sería altísima, más los daños a la salud. Hay que buscar otras opciones que realmente sean sustentantes que no afecten la calidad de vida de los ciudadanos y que no afecte al medio ambiente".

Comentó que la compañía Veolia, que además de la licitación de la planta y del manejo del servicio de agua potable de la ciudad, cuenta con demandas en Europa. Incluso en París, Francia ya no opera y gobiernos de otros países han cancelado contratos.

"Un caso muy sonado es la contaminación con plomo que tuvo el agua en Michigan, que también es operada por Veolia".

Indicó que ya no se puede tener un tratamiento de la basura por incineración, ya que la planta estaría en funcionamiento día y noche.

"La emisión de las sustancias tóxicas que se generan con la incineración se hacen mucho más pesadas cuando tenemos ciudades con una altura como la Ciudad de México".

Ramón Ojeda Mestre de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental señaló que la experiencia que tiene la comunidad de otros países en relación con las incineradoras de basura es en contra de esa práctica.

Agregó que hay un argumento fundamental que no puede ser rebatido y es que no hay ninguna planta incineradora de basura en el mundo ubicada a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar, debido a que el proceso de combustión se hace más difícil en la medida en que la altura se incrementa.

"Por eso no hay ninguna planta que rebase el nivel del mar y el gobierno de la ciudad quiere que los capitalinos paguen el negocio de quema de basura".

Ojeda Mestre expresó que la planta se quiere hacer en un terreno que es propiedad federal, en una zona ambiental del ex vaso del lago de Texcoco.

"Están poniéndola en el peor lugar, en Nezahualcóyotl, el cual es el municipio que tiene la más alta densidad demográfica de todo el continente americano, 16 mil 243 habitantes por kilómetro cuadrado. Todavía no han saneado el Bordo Poniente ni cumplido con la norma 083 y ya quieren empezar a quemar".

Para Greenpeace México, la construcción y puesta en marcha de la Planta de Termovalorización sepultaría la posibilidad de minimizar las altas cantidades de basura que se generan al día, y de reducir la contaminación del aire.

"La Planta de Termovalorización requerirá 4 mil 500 toneladas de residuos diariamente. Si la planta deja de recibir dicho tonelaje, entonces no podría operar al nivel de capacidad para el que estará diseñada", manifestó la ONG.

El contrato de licitación y el dictamen que aprobó la ALDF

El 18 de abril de 2017, la AGU emitió el dictamen de fallo mediante el cual se adjudicó en favor de la empresa Proactiva Medio Ambiente SA de CV /Veolia y el 9 de mayo, el gobierno de la ciudad firmó el contrato, el cual establece de plazo seis meses para tener una garantía financiera, y una vez resuelto ese proceso se podrá construir la planta. El plazo se cumple este 9 de noviembre.

Jaime Slomianski de la AGU explicó que con el dictamen que se votó por 34 diputados de la Asamblea Legislativa del DF, a pesar de la toma de tribuna por parte de Morena este martes, se aprobaron las garantías financieras.

Señaló que lo avalado por la ALDF no es una deuda, puesto que no se solicitan recursos adicionales sobre las participaciones federales. Lo que se hizo, agregó, es garantizar este recurso que la ciudad ya tiene y que en lugar de destinarlo al traslado de la basura a los rellenos sanitarios, se pagará la contraprestación a 30 años.

"Para que pueda haber un cierre financiero por parte de la empresa se requiere una garantía financiera, ya no jurídica porque ésta ya existe con el contrato, ahora se requiere una garantía financiera donde la ciudad se compromete a que en la medida de que suceda de recibir la basura y generar la energía siempre pagará la contraprestación. Y eso tiene que ser autorizado por la ALDF. La Ciudad de México no va a disponer de recursos adicionales, va a garantizarle al prestador que lo que ya firmó en un contrato suceda financieramente".

El funcionario indicó que con este cierre financiero, la empresa ya está facultada para invertir el 20 por ciento del enganche para construir la planta y para el 80 por ciento restante se contratará un financiamiento con bancos, para lo cual se prestará del monto de la garantía avalada por la ALDF.

César Cravioto, líder de la bancada de Morena en la ALDF, dijo que uno de los asuntos que llama la atención en el contrato, es que con la licitación se obligará al Metro a contratar el servicio del suministro eléctrico que generará la planta.

Actualmente la energía eléctrica la compra a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es una entidad pública.

"Al hacerlo con una empresa privada pondremos en manos de un privado parte de la operación del Sistema de Transporte más importante de la ciudad. Como a partir de un contrato se le da a una sola empresa la posibilidad de tener un negocio amarrado por 30 años y lo que aprobaron los diputados es las garantías económicas para que si esto no se cumple, la empresa no pierde", expresó Cravioto.

Agregó el legislador que el contrato establece que el prestador de servicio contará con un plazo de seis meses, contado a partir de la firma para lograr el cierre financiero necesario para obtener el financiamiento. "Por eso la urgencia de aprobarlo y no aceptaron la moción suspensiva para analizar el proyecto y para que debatieran especialistas".

El dictamen que se avaló el martes menciona la cantidad para la garantía financiera de 3 mil 316 millones de pesos anualmente para la contraprestación de las plantas de termovalorización y biodigestión que a 30 años ascendería a 109 mil millones de pesos.

Slomianski aclaró que para la Planta de Termovalorización lo que se aprobó con el dictamen es un monto de 2 mil 316 millones pesos y la de biodigestión de mil millones al año. Sin embargo, para esta última aún no se tiene la licitación, está en proceso.

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