Presuntas integrantes de Los Petriciolet salen de la cárcel por errores de la FGR
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El pasado 7 de junio, Verónica Arcos Pérez, de 43 años, y su hija Karla Brenda Rocha Arcos, de 27, abandonaron el Cereso Femenil de Morelos, después de 7 años con 2 meses y 14 días
CDMX.- Por una investigación deficiente de la Fiscalía General de la República (FGR), un tribunal de enjuiciamiento absolvió y dejó en libertad a dos mujeres a las que acusó de ser parte de la banda de secuestradores de “Los Petriciolet”, no obstante que fueron detenidas en el departamento en el que fue rescatada una víctima.
El pasado 7 de junio, Verónica Arcos Pérez, de 43 años, y su hija Karla Brenda Rocha Arcos, de 27, abandonaron el Centro Federal de Readaptación Social Femenil de Morelos, después de 7 años con 2 meses y 14 días.
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Detenidas el 24 de marzo de 2016 en Tecámac, Estado de México, ambas fueron relacionadas con “Los Petriciolet”, una de las organizaciones de plagiarios más sanguinarias del centro del País, y en su momento vinculado con el secuestro y asesinato de Fernando Martí y Antonio Equihua, en 2008 y 2009.
La clave de este fallo polémico es que la víctima rescatada, si bien escuchó voces femeninas, nunca vio a las mujeres durante su cautiverio, porque lo mantuvieron con los ojos vendados.
Por esa razón, la jueza de control, Alejandra Domínguez, en calidad de tribunal de enjuiciamiento, resolvió que la FGR no acreditó que participaran en el secuestro ni que tuvieran la “voluntad” de delinquir, además de que no realizó una investigación con perspectiva de género para establecer el rol que jugaron.
“Respecto de Karla Brenda Rocha, en caso de que hubiera tenido conocimiento de que una persona privada de la libertad se encontraba en ese lugar, ¿esta tenía la posibilidad o el dominio de decidir permanecer en el lugar o irse? ¿Tenía la posibilidad real y económica de poder abandonar el lugar e irse a otro lado? Mismos argumentos en relación con Verónica.
En el supuesto que Verónica haya sido la persona que llevó a cabo la renta del bien inmueble, ¿bajo qué circunstancias se llevó a cabo el contrato, temporalidad, cláusulas, etcétera?”, cuestionó la jueza.
“Cabe resaltar que no se realizaron actos de investigación y mucho menos se desahogó prueba para demostrar el modus operandi y el modus vivendi de las hoy justiciables, menos aún que la investigación se hubiera realizado con perspectiva de género, para que pudiera determinarse su entorno social, económico, los motivos por los cuales se encontraban en ese lugar y no solamente demostrar haberlas localizado en el lugar, sino aclarar las razones por las cuales estaban en ese lugar, demostrar que estas tenían la voluntad y plena conciencia de estar en el lugar, para realizar las actividades que realizaron”.
La FGR presentó como pruebas los testimonios de 5 agentes de la Policía Federal, 5 peritos, 6 civiles -incluida la víctima-, un dictamen de fotografía y otro con la información extraída de teléfonos asegurados.
Las dos mujeres nunca dijeron una sola palabra, ni ante la FGR ni ante los jueces.
Llegado el juicio, ellas tampoco ofrecieron una sola prueba en su favor. Les bastó con los contra interrogatorios de su defensor público federal, Luis Bolívar Realpe, practicados a los policías e investigadores, para exhibir las carencias de esta investigación.
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‘Yo nunca las vi’
Cerca de la media noche del 24 de marzo de 2016, la Policía Federal irrumpió en un departamento de Privada Cibiana, en el conjunto habitacional Urbano Real Verana, en el municipio mexiquense de Tecámac, en un operativo en el que detuvo a cinco supuestos secuestradores y liberó a una víctima.
Los agentes capturaron a Verónica Arcos Pérez y su hija Karla Brenda Rocha Arcos, junto con Miguel Ángel Novoa Gutiérrez, Braulio Vargas Díaz y Aurora González.
En el lugar, les aseguraron cuatro teléfonos.
El cautivo había sido plagiado tres días antes a bordo de una motoneta en Colonia Loma La Palma, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, el mismo día en que su esposa e hija menor de edad también habían sufrido un intento de secuestro.
La esposa escapó porque pisó de inmediato el acelerador de su vehículo en reversa, en cuanto advirtió que una camioneta le cerraba el paso en una calle de la Colonia Industrial. En su maniobra, ella hizo un hallazgo clave: identificó entre los tripulantes de esa camioneta a un cliente del negocio de su esposo.
Ese sujeto era Andrés Parada Benítez, un hombre que la familia de la víctima no sabía que era hijo de Andrés Parada Ponce “El Comandante Parada”, uno de los principales mandos de la banda de “Los Petriciolet”, hoy preso en el Penal del Altiplano.
Este fue un secuestro en el que los victimarios no lograron cobrar un solo peso de los 15 millones que exigieron de rescate.
Todos los detenidos terminaron presos en penales federales, acusados de delincuencia organizada y secuestro.
Pero siete años más tarde, el 7 de junio pasado, Arcos Pérez y Rocha Arcos quedaron libres porque una jueza de enjuiciamiento sentenció que la FGR no demostró nada de lo que había dicho de ellas.
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Es decir, no acreditó que participaran en complicidad con los plagiarios, que le dieran de comer a las víctimas o que rentaran el inmueble con la finalidad de convertirlo en casa de seguridad.
No hay duda de que las dos mujeres estaban allí, porque las detuvieron justamente después de que un agente federal tumbara con una patada la puerta del departamento. Ellas fueron lo primero que vieron los policías al entrar. En una habitación al final de un pasillo fue rescatado el cautivo.
Es, sin embargo, un caso al filo de la navaja, porque si bien la víctima escuchó voces de mujeres durante su cautiverio, siempre estuvo con los ojos vendados y nunca las vio. Solo hasta que fue rescatado por la policía conoció el rostro de las acusadas.
“Es cierto que cuando salgo de ese cuarto me quitan la venda y veo a las féminas, únicamente las vi, pero ya no las escuché.
No supongo que son mis secuestradoras, son. Cierto que yo nunca vi a mis secuestradoras (durante el cautiverio)”, declaró la víctima en el interrogatorio practicado en el juicio.
La jueza advirtió que la Fiscalía no presentó fotografías de todo el departamento y eso tampoco permite situar a las mujeres con relación al lugar donde estaba la víctima.
Aunque en el lugar la policía aseguró cuatro celulares, en el dictamen que practicó la FGR no hay un contacto coincidente entre las agendas telefónicas para establecer un cruce de información.
La Fiscalía tampoco acreditó que Arcos y Rocha participaran en el plagio o la negociación, porque los testimonios refieren que eso lo hicieron personas del sexo masculino. Además, omitió pedir una orden judicial para geolocalizar los celulares y verificar si habían estado en el lugar del secuestro.
La jueza de control, Alejandra Domínguez, en calidad de tribunal de enjuiciamiento, analizó el caso y concluyó que la Fiscalía no hizo una investigación exhaustiva para recabar evidencias contundentes.
“Se advierte que no se recabó ningún tipo de indicios diversos de los teléfonos, ninguna huella, ningún vestigio, no se preservó el lugar, no se hizo investigación del lugar, no se evidenció en esta sala de audiencia la estructura de ese bien, del lugar en específico donde estuvo privado de la libertad F.O.C. (la víctima), no se elaboró un informe pormenorizado de las condiciones en las que se encontró el lugar, no se recolectó nada, no se embaló nada, no se rotuló nada”, sentenció la juez.
Con información de Reforma
