Suprema Corte absolvió de peculado a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI

Ciudad de México. Por unanimidad de cuatro votos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por improcedente el amparo promovido por el gobierno de Chihuahua durante el gobierno de Javier Corral, con el cual mantener vigente la acusación de peculado por el presunto desvío de 250 millones de pesos que se imputó como parte de la llamada Operación Safiro a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI.

Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (quien presentó el proyecto), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar y Juan Luis González Alcántara, votaron a favor del sobreseimiento del juicio de amparo promovido por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo de Chihuahua en contra de la sentencia dictada en mayo de 2018 y que benefició al exintegrante del Comité Ejecutivo del PRI.

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Al resolver el amparo en revisión con número de expediente 921/2019, los cuatro ministros que integraron la Primera sala (debido a que la ministra Alana Margarita Ríos Farjat, estuvo ausente en la sesión), aprobaron el proyecto en el cual se propuso revocar la sentencia recurrida y que benefició a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) consideró que no se acreditaba la acusación de peculado en su contra debido a que no era servidor público y, por lo tanto, no se le podría atribuir el delito.

Durante el gobierno de Javier Corral (2016-2021), se descubrió que en el mandato de César Duarte en esa entidad (2010-2016), integrantes del PRI participaron en desvíos de recursos destinados a salud y educación, a través de empresas fantasmas y presuntamente se destinaron a actividades proselitistas durante 2015.

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Asimismo, el Ministerio Público Federal se desistió de la acusación al considerar que el gobierno de Chihuahua, la PGR, solicitó el sobreseimiento de la causa penal instruida contra el ex secretario general del tricolor al argumentar que la Fiscalía estatal no aportó pruebas suficientes que sustentaran la acusación y los testimonios que se ofrecieron tenían contradicciones.

Con información de La Jornada