¿Y ahora?

Cada día resultan más evidentes las tensiones y desacuerdos entre los ámbitos federal y estatal de gobierno. Ya sea que se trate de asuntos relacionados con la seguridad pública, como en los graves acontecimientos registrados la semana pasada en La Laguna y Ciudad Júarez; o en los asociados a desastres naturales, como los ocurridos en el centro de la república; o en lo relativo a la asignación de paternidades por los descalabros económicos de los años recientes; o las mutuas recriminaciones sobre la distribución y utilización de los recursos públicos.

La lista de diferendos podría extenderse profusamente. Todos ellos afectan sensiblemente la calidad de la gobernanza en México, como claramente lo consignan los pésimos niveles de desempeño reportados por los índices internacionales de competitividad.

La intensidad y el tono de los combates, han ahijado un ambiente político de alta toxicidad, en el cual las posibilidades de construcción de acuerdos son más bien escasas.

Más allá de las fobias ideológicas o personales, la amplitud y persistencia de estas batallas nos refleja que se trata de problemas de naturaleza estructural, asociados a las vicisitudes de la construcción de la democracia en nuestro país.

La alternancia en el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal, motivada por la mayor competencia entre las principales fuerzas políticas de México, debilitó los poderes legales o fácticos ejercidos en el viejo régimen por el Presidente de la República.

No siempre para bien, se fortalecieron los poderes Legislativo y Judicial de la Federación sin que, en paralelo, se hicieran los ajustes necesarios en las instituciones del sistema político mexicano a las nuevas realidades. Con demasiada frecuencia, las atribuciones crecientes de estos poderes del Estado han tenido un impacto desafortunado sobre la vida política nacional.

Con estas transformaciones, el Presidente de la República perdió, entre otras, tres de las facultades metaconstitucionales que le permitían ejercer un amplio poder sobre los gobernadores de los estados: 1. Su capacidad para decidir el nombre del candidato del partido que siempre ganaba; 2. Su poder para destituirlo cuando así le convenía; 3. La discrecionalidad para abrir o cerrar el grifo de los recursos públicos de cada entidad federativa.

Como en un sistema de vasos comunicantes, el achicamiento del poder presidencial dio paso a gobernadores con mucha más estamina política. Dos factores adicionales potenciaron este reacomodo: 1. La mayor disponibilidad de recursos públicos para los gobiernos locales; 2. El debilitamiento de otros actores políticos en los estados y municipios (como los grupos empresariales desplazados por los rigores de la globalización y su competencia frenética; o los propietarios de medios de comunicación estrangulados por la conjunción de las nuevas tecnologías de la información y las capacidades magnificadas de los titulares del Poder Ejecutivo en los estados).

Sin los adecuados contrapesos, los gobernadores están ejerciendo en sus respectivos territorios buena parte de las facultades antes detentadas por el Presidente de la República: tienen una clara preeminencia sobre los ramos Legislativo y Judicial de sus entidades, así como sobre los alcaldes; disfrutan por lo mismo de grandes libertades en el ejercicio de los recursos del estado y de sus municipios; acumulan una capacidad creciente para designar a su sucesor y para confrontar al centro.

El balance de esta forma de operación del sistema político mexicano es claramente negativo. De no reorientar el rumbo, corremos el riesgo de seguir despeñándonos interminablemente en el conflicto estéril y la desintegración social. Hemos llegado al punto de quiebre; ¿Estarán los principales actores políticos y económicos a la altura de estos desafíos? ¿Lo estaremos los propios ciudadanos?

adavila_mx@yahoo.com.mx