Educación: la mediocridad como derecho o imposición

Maite Azuela

Analista política y activista ciudadana

Justamente hace un año, el presidente Felipe Calderón decretó que eliminaría el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para las colegiaturas desde el nivel preescolar hasta el bachillerato. La noticia causó revuelo y se escucharon pocas críticas, a pesar de la evidente intención electoral que implicaba una compensación monetaria para los padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas privadas, y que se entregará en fechas próximas a la elección presidencial, este año.

Cortar impuestos es una decisión simple y seductora porque se generan simpatías inmediatas sin necesidad de explicar las implicaciones de esa reducción. No podemos ignorar las ventajas que genera para cierta población minoritaria el hecho de no pagar impuestos por la colegiatura de la educación privada. Inevitablemente eso coloca en una situación de mayor desventaja a quienes no tienen posibilidad de pagar por educación. Bajo la premisa comprobada de que son las familias con mayor poder adquisitivo quienes recurren a la educación privada, el apoyo se destinará únicamente a 20% de la población y beneficiará de manera desproporcionada a quienes más tienen. Buena escuela ha tenido el gobierno durante su cercanía con SNTE, para aprender a hacer uso de los recursos públicos en proceso electoral y mantener contentos a quienes saben que pueden darles votos.

Este decreto populista se materializará en los próximos meses, en un contexto que muestra a primera vista lo irrelevante que le resulta al gobierno federal el tema de la educación. No es asunto menor que al día de hoy el Presidente no haya nombrado al titular de la Secretaría de Educación Pública. Sumemos a esta actitud de ignominia la confrontante oposición a la evaluación universal, de algunos maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Las fechas también son coincidentes, ya que la primera evaluación de maestros se tiene programada para el mes de junio.

Los esquemas acordados entre la SEP y el SNTE otorgan a la prueba ENLACE, aplicada a los alumnos, un importante peso en el resultado de la evaluación de los maestros. Sin duda, las condiciones de incertidumbre y la desconfianza de que los incentivos, la asignación de plazas y las promociones respondan más a las lealtades políticas que a los méritos y capacidades de los maestros, generan temor y descontento. A primera vista el hecho de que miles de profesores se nieguen a ser evaluados puede representar su derecho a no desarrollar sus conocimientos ni a mejorar su desempeño. El derecho a quedarse como están. Pero quizá exista entre ellos alguna intención honesta de someterse a una evaluación, siempre y cuando sea en condiciones más certeras. Por lo pronto dicen no a la evaluación y no presentan contrapropuesta.

Es buen momento para que se impulse una reforma integral al sistema educativo, sin ceder el control a la cúpula del SNTE. Urge consolidar un servicio profesional magisterial con criterios justos de evaluación universal que guarden equilibrio entre los méritos del maestro y los resultados de los alumnos.

Por ahora, la educación no forma parte de las prioridades del gobierno federal. Así que aterrizaremos en las elecciones con subsidios educativos a las clases privilegiadas, una Secretaría de Educación Pública sin titular oficial y miles de maestros sin confianza en las condiciones de evaluación que les han sido impuestas por la SEP y el SNTE. Las razones para que nada se mueva circulan entre la demagogia de los derechos laborales y la imposición de subordinar el tema educativo al electoral. No perdamos la esperanza de que la mediocridad deje de ser, algún día, la aspiración por excelencia.

@maiteazuela