Estalla escándalo en el SAE

¿Se utilizó un chivo expiatorio para presumir de eficiencia a la desprestigiada Secretaría de la Función Pública en proceso de sustitución bajo el nuevo gobierno?

Aunque la sanción no es aún cosa juzgada, dado que está en curso una apelación, la Secretaría de la Función Pública le aplicó una multa de 72 millones de pesos y una inhabilitación como servidor público por 25 años al exdirector general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Luis Miguel Alvarez Alonso

Se trata del exfuncionario del más alto nivel que se toca durante el actual sexenio, a contrapelo de las tropelías denunciadas en Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la mayor parte de las dependencias públicas que otorgan contratos a particulares.

Sin embargo, la justeza del caso es dudosa, considerando que el supuesto pecado de Alvarez Alonso, un funcionario calificado durante años de ejemplar, consistió en acatar una resolución judicial que lo colocaba de espaldas al callejón.

La historia merece contarse. Hete aquí que hace cinco años la Administración General de Aduanas confiscó un cargamento de textiles con un valor de mercado de 70 millones de pesos, al considerarse que no estaban en regla los papeles, es decir el pedimento, el certificado de origen y demás etcéteras.

La mercancía, de acuerdo con lo determinado por la ley, fue entregada al Servicio de Administración y Enajenación para su custodia.

El caso es que una de las afectadas, la firma Elcar Textil se amparó contra la medida, logrando que el juez de la causa, es decir el Séptimo de Distrito en el Estado de México, Benjamín Soto Sánchez, le ordenara a la instancia la devolución de las telas, considerando que los aduanales se habían excedido en sus funciones.

Colocado entre la espada y la pared, Alvarez Alonso consultó con el órgano de control de la instancia los pasos a seguir, aconsejando ésta mantener intacta la mercancía, por más que el Servicio de Administración Tributaria, del que dependen las aduanas, exigía la devolución.

En un segundo apremio, el exfuncionario consultó ahora con la Secretaría de Hacienda, su cabeza de sector, quien le repitió la misma instrucción.

Sin embargo, llegaría un nuevo conminatorio judicial con amenaza de solicitar la destitución del funcionario y fincarle responsabilidades a su jefe inmediato superior, es decir el entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens.

Ante ello, el SAE negoció con la quejosa el pago de 49 millones de pesos, es decir el monto que le correspondía por la incautación.

El hecho es que el pago se realizaría hasta finales del 2008, tras un ultimátum de 24 horas colocado en la mesa por el juez, con amenaza al calce de consignar a Alvarez Alonso por desacato.

El caso es que destituido meses después éste, llegaría al relevo Sergio Hidalgo Monroy, quien había trabajado en el Fideicomiso de Liquidación de Instancias Públicas (conocido como Fidelic), bajo las órdenes de Alvarez Alonso, quien le ordenó al titular del órgano interno de control, Alberto Mesta Soulé, abrir un expediente.

Turnado éste a la Secretaría de la Función Pública, ésta decretaría dos sanciones pecuniarias contra el exfuncionario: Una por 51 millones 699 mil 664 pesos, y otra por 20 millones 582 mil 138 pesos, además de decretar su inhabilitación por 25 años para trabajar en el gobierno federal.

Nombrado Hidalgo Monroy director general del ISSSTE, éste grillaría para que la Secretaría de la Función Pública nombrara como titular del órgano de control de la dependencia a Alberto Mesta Soulé.

Lo curioso del caso es que los cargos contra el exdirector general del SAE, creado el 19 de diciembre del 2001, apuntan a un daño patrimonial contra la institución.

Sin embargo, de acuerdo a los pactos entre la Secretaría de Hacienda y los industriales, los bienes incautados por sospecha de introducción ilegal al país deben ser destruidos, justo para no afectar el mercado interno.

La mercancía, pues, debía ir a los hornos, salvo una disposición expresa de la Secretaría de Hacienda para destinarla a comunidades en pobreza extrema.

¿Se utilizó un chivo expiatorio para presumir de eficiencia a la desprestigiada Secretaría de la Función Pública en proceso de sustitución bajo el nuevo gobierno?

Balance General

En la cumbre del inaudito, por primera vez en la historia de la Bolsa Mexicana de Valores se cayó el sistema, justificado el proceso por el elevado volumen de operaciones realizado en la jornada.

El percance provocó la parálisis de las operaciones, con el consiguiente daño a los inversionistas.

El dedo acusador apuntaba hacia el presidente del organismo bursátil, Luis Téllez, a quien le ha llovido desde su entrada al cargo.

Acusado por la cadena de tiendas Elektra de daño patrimonial al intentar sacar sus acciones del Indice de Precios y Cotizaciones; demandado por los propios integrantes del Consejo de Administración; colocada en entredicho su actuación al haber anulado operaciones en firme ante el entredicho de una supuesta falla de dedo en una operación, las señales indican que los días de Téllez como dirigente del organismo están contados.

Por lo pronto, su sistema Monet estalló en pedazos.

Deshojan la margarita

El próximo miércoles, colocado ya en la recta final el proceso de venta de la administradora de fondos para el retiro del grupo financiero BBVA/Bancomer, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social debate si el organismo participa o no en la puja de la mano del Banco Mercantil del Norte.

Como usted sabe, el instituto participa con parte del capital de la Afore Banorte Siglo XXI, al fusionarse ésta al primero.

El IMSS, pues, recibió acciones a cambio del 50% que tenía en la intermediaria.

El problema, naturalmente, es la dificultad del organismo para obtener los recursos suficientes para pelear al lado de su socio.

El dilema es que de no participar en la pelea, se corre el riesgo, de ganarla Banorte, de diluirse su participación en la intermediaria, con el consiguiente daño patrimonial.

Como lee usted, la encrucijada es terrible.

Trabajo eventual

Pese a las objeciones del Consejo Coordinador Empresarial a los candados impuestos a la actividad de la subcontratación vía outsourcing en la propuesta de reforma laboral a su paso por la Cámara de Diputados, de mantenerse intacta la minuta no habrá sanción alguna para las firmas ubicadas como tercerías que soslayan o escatiman prestaciones sociales.

De acuerdo al despacho Baker & Mackenzie, se falló en el intento de regular una actividad que se mantenía en el limbo.

Lo único que privilegia la alternativa, tal cual, es el trabajo eventual, es decir sin opción de planta.

albertobarrancochavarria0@gmail.com

barrancoalberto@prodigy.net.mx