La fiscalización en la jornada interamericana electoral

La influencia del dinero en las campañas sigue siendo una preocupación de los sistemas democráticos. Por ello, se determinó que esa fuera la temática de la Sexta Jornada Interamericana Electoral.

Este evento, que año con año organizamos desde 2007, representa un esfuerzo de cooperación técnica internacional patrocinado por la Organización de Estados Americanos, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral y por el Instituto Federal Electoral, para intercambiar experiencias que ayuden a encontrar soluciones prácticas a los retos que enfrentan las autoridades electorales del continente.

Para discutir estos temas, contamos con la participación de funcionarios provenientes de 21 países; quienes, al contrastar la situación de sus normas y reglamentos, destacaron la evolución del sistema de financiamiento y fiscalización mexicano.

Algunos datos que permiten comparar la evolución de nuestra legislación en materia de fiscalización son los siguientes: 61% de las naciones del continente cuentan con disposiciones para regular el financiamiento público; 56% operan con normas que obligan a los partidos políticos a informar sobre el estado de sus finanzas y, de éstos, en 65% dicha revisión corresponde a la autoridad administrativa electoral. En México la norma que regula el financiamiento público para los partidos políticos es constitucional; están obligados a presentar informes periódicos y la Unidad de Fiscalización del IFE es la encargada de realizar las auditorías correspondientes.

Naturalmente la evolución normativa de cada nación depende de las exigencias de su propia competencia electoral. El caso de México no es la excepción.

En mi intervención en este evento, expliqué cómo múltiples dimensiones de nuestro comportamiento electoral se originan en las prácticas políticas arraigadas durante décadas de un sistema de partido hegemónico.

De ahí que, en nuestra legislación, para evitar abusos del partido gobernante y lograr un mínimo de equidad en la competencia electoral, se dispuso el predominio del financiamiento público para los partidos políticos; se establecieron topes a los gastos de campaña; se prohibió el uso de recursos gubernamentales en las contiendas electorales y se distinguió el financiamiento de fuentes prohibidas (por ejemplo de las iglesias, empresas o extranjeros) y el financiamiento ilícito (originado en actividades ilegales).

Por ello el modelo de fiscalización que tenemos los mexicanos es la síntesis de un largo camino para tratar de darle equidad y transparencia a la competencia por el poder político. Hemos avanzado y contamos con el mecanismo de fiscalización más completo del continente. 

Sin embargo, la sofisticación de las campañas electorales en 2012 demostró que la fiscalización todavía puede perfeccionarse.

En tal sentido, durante la Sexta Jornada Interamericana señalé que para perfeccionar la fiscalización es indispensable avanzar, al menos,en los siguientes puntos: 1) que se mantengan los recursos públicos como la fuente preponderante de financiamiento de los partidos y sus campañas; 2) continuar con los esfuerzos para reducir los costos de las campañas; 3) fortalecer el vínculo entre financiamiento público y topes de gastos de campaña; 4) profundizar el uso de las tecnologías de la información y comunicación para hacer más oportunos los resultados; 5) incorporar sanciones más drásticas y disuasivas a quienes se aparten del marco legal; 6) perfeccionar el régimen jurídico para evitar cualquier posibilidad de simulación en los gastos; 7) fortalecer la bancarización de las operaciones; 8) obligar la profesionalización de las áreas contables de los partidos políticos y 9) convertir a los partidos en sujetos obligados directos en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Hay otro aspecto que tendríamos que transformar para que la competencia electoral sea más equitativa y transparente. Sin embargo, ese aspecto no está en la esfera de los procedimientos fiscalizadores. Está más allá del ámbito contable o administrativo, aunque alimenta el comportamiento de los partidos políticos y sus candidatos: la actitud democrática.

De todos los cambios mencionados, esto último me parece es el más importante. No se trata solo de redactar normas, sino de ejercer los recursos públicos con una intención de respeto absoluto a la ley. Y eso no está vinculado con los procedimientos, sino por la convicción democrática de los actores políticos. Por ello, es necesario transitar hacia una nueva cultura política que obligue a los partidos y sus candidatos a cumplir con sus responsabilidades y, así, se vuelvan ejemplo de prácticas democráticas y de respeto a las leyes, para la sociedad que aspiran a representar.




Leonardo Valdés Zurita