La reforma del campo y el derecho a la alimentación

En medio de la polémica que se genera por la discusión de las leyes secundarias, de las reformas en materia de telecomunicaciones y energética, pasan poco advertidos otros temas, que son dignos atención de la opinión pública en relación a nuestro quehacer legislativo. Por ello me voy a permitir abordar uno, que al menos por el momento, no se le ha dado la dimensión que realmente tiene, pero que lentamente y en paralelo, transcurre a través de varios encuentros con representantes del sector agrícola: me refiero a la inminente propuesta de reformas a las leyes del campo.

Para que el Estado pueda garantizar a todas las personas que habitan este país, el derecho universal a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, es necesario que nuestro campo sea más productivo. México está considerado dentro de los primeros diez países en producción de alimentos, se destaca en rubros como el primer productor mundial de aguacate; segundo en harina de maíz, jugo de limón concentrado, sorgo para forraje y semilla de cártamo; tercero en limones y limas, chiles, pimientos y alfalfa; cuarto en vegetales congelados y; quinto en brócoli, coliflor, huevos de gallina, espárragos y toronja.

Nuestra capacidad de producción en el sector rural no es suficiente para abastecer la demanda interna, lo que nos obliga a la importación para el consumo doméstico de casi el 80% de arroz, el 93% de las oleaginosas, el 58% del trigo y el 82% de maíz amarillo para consumo agropecuario e industrial. Casi el 14 millones de personas ocupadas en el campo, tienen que generar alimentos para los 110 millones de mexicanas y mexicanos, en condiciones poco rentables si consideramos el alto precio de los insumos, las afectaciones debidas al cambio climático, la falta de capacitación y la insuficiente asistencia técnica, lo cual no abre mayores expectativas de movilidad social para quienes se ocupan en las actividades productivas del campo.

El entramado institucional para la administración y seguimiento de las políticas del campo, se ha ido haciendo cada vez más complejo, en grado tal que están identificadas un promedio de 17 leyes federales, sin contar las de las entidades federativas, que inciden en el sector rural; participan más de diez Secretarías de Estado de la Administración Pública Federal en un sin número de acciones y programas, cuyas reglas de operación se han convertido en un suplicio para que los verdaderos productores puedan acceder a los apoyos y en oportunidad para el fomento del clientelismo electoral.

Las estrategias para revertir la difícil situación del sector agrícola, pueden funcionar si este propósito de armonizar las leyes del campo y revisar los programas y acciones del gobierno, va acompañado de un proceso de diálogo con los actores representativos de las organizaciones, centros de investigación y expertos en los temas, del cual pueda surgir un acuerdo para un nuevo diseño normativo que avance en tres ejes: El Legislativo que se debe hacer cargo de la reforma a las leyes; el arreglo institucional para hacer los ajustes orgánicos y funcionales de la administración pública y; el de políticas públicas que deriva en la implementación de programas eficaces que faciliten la acción de los productores.

De nuestra parte, estamos recogiendo los diferentes puntos de vista de los productores del campo, de las organizaciones relacionadas con las actividades productivas, de los expertos y estudiosos en los temas, que nos permita tener una idea completa de la verdadera dimensión de los problemas del campo y sus posibles soluciones. Estamos convencidos que el derecho a la alimentación de las y los mexicanos de las presentes y futuras generaciones, nos exige una actitud responsable y propositiva, para ello nos estamos preparando y entraremos a la discusión de estos temas, seguramente en el periodo ordinario que inicia en septiembre de este año, con todos los elementos para proponer con conocimiento de causa las reformas que en verdad éste país necesita.



Por Silvano Aureoles
(El autor es coordinador del PRD en la Cámara de Diputados)