‘Caso Rocky’: el riesgo de los ‘juicios’ en las redes

Hacer justicia es uno de los más caros objetivos que la humanidad ha perseguido desde que se planteó la idea de que la solución a una controversia no se limita a la decisión simple de averiguar cuál de las partes tiene la razón. Porque lo justo, dice la definición creada en el antiguo Imperio Romano, implica “dar a cada quien lo suyo”.

La justicia ha sido, pues, desde siempre, un concepto huidizo. Aún hoy, no existe en el mundo –al menos no en el mundo de la disciplina del Derecho– una definición universalmente aceptada de qué es la justicia. Existen múltiples aproximaciones y toneladas de literatura alrededor de ellas, pero la controversia no ha sido zanjada.

A falta de una definición universal y ante la necesidad de zanjar las controversias que a cada minuto surgen entre las personas y entre éstas y las autoridades, hemos construido un modelo que se basa en normas y principios que han sido desarrollados y pulidos a partir de la interacción entre los poderes Legislativo y Judicial.

Así, hemos llegado a la consolidación de un sistema de instituciones y un modelo de reglas mediante los cuales arbitramos la realidad. Una porción de esos dos sistemas se ocupa de las conductas que han sido catalogadas como delitos, las cuales consideramos particularmente agraviantes para la sociedad.

Vale la pena recordar en este sentido que el actual sistema de justicia penal –con todas sus imperfecciones– constituye una evolución respecto de concepciones previas del concepto, que dejamos atrás porque eran “bárbaras”.

El sucinto recorrido conceptual anterior viene al caso a propósito de la forma como hoy se plantea, desde las redes sociales y en manifestaciones en la calle, el que se haga justicia en relación con el caso del perrito Rocky, el cual falleció ayer debido a las lesiones que le infligieron.

¿Qué implica hacer justicia en este caso?

De acuerdo con las normas vigentes, lo que implica es que, ante la evidencia de que pudo cometerse un delito, la instancia encargada de perseguirlos –en este caso la Fiscalía General del Estado– desarrolle las investigaciones pertinentes para integrar un expediente y, a partir de estas, presentarlas ante un juez para que éste las valore y, eventualmente, emita una sentencia.

Una vez emitida la sentencia, si esta es de culpabilidad, entonces se procede a definir el castigo. Para ello deben analizarse las atenuantes y las agravantes que existan en el caso. Dicho análisis, que es técnico y lo realiza un juez, define si a la persona condenada se le impone la pena máxima o la mínima previstas en la Ley.

Dicho resultado puede gustarnos o no a quienes vemos el proceso sólo en calidad de espectadores, pero, en todo caso, debemos esperar a que ocurra y dejar que la autoridad procese el caso a partir de las reglas que hemos construido.

Hacerlo de otra forma, o pretender que el fallo se alinee con el ánimo de las redes sociales, no solamente no sería hacer justicia, sino que implicaría una peligrosa regresión.