El pacto del silencio

El gobernador Duarte de Veracruz daba órdenes precisas, la segunda semana de junio, para ocultar que en el rancho El Diamante de Cozamaloapan se habían desenterrado más de 31 personas muertas que fueron halladas en fosas clandestinas. La orden al subprocurador fue muy clara: que nadie se entere, quiero que los de SEMEFO los lleven a Xalapa y ya lo resolveremos, no queremos a las familias de esos malandros haciendo escándalos. Y es que el gobernador Duarte estaba muy ocupado preparándose para recibir el arribo de veleros de Latinoamérica. Ningún servidor público respondió llamadas de periodistas durante esa semana. Mientras, por órdenes de Duarte, la oficina de comunicación Social llamaba a los jefes de corresponsales de diferentes diarios nacionales para advertirles no se crean el rumor de las fosa clandestinas, son sólo seis muertos y no eran de Veracruz, sus deudos ya reclamaron los cuerpos.

Pero todo cambió cuando la periodista radiofónica Rosa María Hernández Espejo entrevistó al subprocurador Arturo Herrera, quien confesó que no se daban abasto con la cantidad de cuerpos exhumados. La masacre negada por el gobernador y su gabinete fue admitida por un servidor público preocupado; él sabía lo que las familias de las personas muertas sentían, porque hacía unos meses su hijo Jorge de 21 años perdió la vida en Veracruz. Para Herrera, después despedido por haber revelado la verdad, las vidas de todos los mexicanos valen lo mismo. Una vez que la noticia quedó confirmada y las familias exigieron conocer la identidad de las personas fallecidas, Duarte despidió a Herrera bajo amenazas; si no quería problemas debía callar. Nació entonces lo que los reporteros de Veracruz llaman el pacto del silencio ordenado por el Gobierno Federal y signado por Duarte, cualquier fosa clandestina o hecho delictivo debe ser informado a la SEGOB y nunca a los medios.

Esto no sorprende, el mismo camino intentó seguir Felipe Calderón al final de su sexenio, sabía que el conteo de personas asesinadas (ellos les llaman simplemente cadáveres como parte de una retórica de despersonalización), revelaba la incapacidad del Estado para proteger a la sociedad, y su deseo de ocultar el verdadero estado en que se encuentra el sistema de justicia en México. Incapaces de afrontar su responsabilidad ante la impunidad e incremento de hechos violentos, arrebatan a las familias el derecho a saber si sus familiares están, o no, con vida.

El pacto del silencio ha causado indignación. Las órdenes desde Los Pinos asustan a cualquiera, dice un diputado tricolor que pide al reportero resguardar su identidad. Porque este silencio pretende proteger a los políticos, pero termina protegiendo a quienes asesinan y desaparecen personas. No son pocos los gobernantes que piensan que el valor de la vida de las personas se divide por rangos de importancia en la escala social.

Dice la filósofa norteamericana Judith Butler que si ciertas vidas no se califican como vidas o, desde el principio, no son concebibles como vidas dentro de nuestro marco de referencia, será muy difícil que reconozcamos el dolor y sentido de pérdida que provoca la desaparición de esas personas. La experta se refiere a cómo desde el poder se asignan valores a la vida de las personas por clase, raza e ideología. Y no solamente la vida pierde valor, también la muerte y el derecho al duelo. Está claro que Duarte, como otros gobernantes, no siente repulsa moral ante estas masacres, sino hacia el juicio que le hace la opinión pública por ocultar la realidad.

Llevamos ocho años en el devastador conteo de víctimas mortales, ocho años en la cotidiana búsqueda de personas desaparecidas. Es momento de rebelarnos contra la retórica de que en este país hay quienes merecen la muerte y quienes merecen la vida. Resulta urgente reconocer que cada cuerpo hallado es el de un ser humano, su reconocimiento y el respeto al duelo de sus seres queridos no debe ser negociable. El pacto del silencio, en ese contexto, se convierte en el pacto del desprecio por la vida y la justicia.

@lydiacachosi