Una crisis más

La crisis ecológica originada en Sonora por un derrame de sustancias tóxicas atribuido a una de las empresas mineras más grande del país, y una de las más importantes del mundo, nos muestra en realidad el subdesarrollo que todavía vivimos en esta actividad.

Los coahuilenses lo sabemos bien. Hemos padecido la deficiencia estructural de una industria que genera constantemente accidentes trágicos que han enlutado a miles de familias. Lamentablemente, también hemos visto como han retrasado el reloj de la historia en materia de seguridad, higiene y prestaciones laborales.

Pareciera como si el trabajar, en la mayoría de los casos bajo la tierra les permitiera permanecer ocultos de sus prácticas inhumanas e irresponsables. Son causa de depredación de recursos naturales y humanos: son las grandes compañías mineras.
Sus dueños siempre están en las listas de los más ricos del país y en varios casos del mundo. Sus utilidades rebasan con mucho los promedios de muchos otros giros industriales. Su situación de privilegio e impunidad data de siglos.

Lo acontecido en Sonora donde han contaminado cientos de kilómetros de canales, arroyos y ríos, afectando toda la actividad productiva agropecuaria, pero sobre todo contaminando el agua, y la tierra, y con ello poniendo en riesgo la salud de decenas de miles de habitantes de una zona inhóspita donde arrancarle el sustento a la tierra requiere de un esfuerzo casi heroico por las altas temperaturas en la mayor parte del año; no debiera repetirse nunca más.

Las primeras reacciones de las dependencias federales, encargadas de cuidar el medio ambiente, y de sancionar a quien lo afecte, nos hablan de que estamos frente a un momento histórico – otro – en que habrán de estrenarse las leyes de última generación en la materia, muy seguramente aplicándose cuantiosas multas, y muy previsiblemente también sanciones penales a los responsables directos.

Ojalá que no vaya a terminar siendo una persecución contra el que “ iba cargando la pala “ sino contra los que, como máximos directivos y propietarios ocasionan con los criterios administrativos y operativos que imponen, una serie de anomalías con las que violentan las más elementales medidas regulatorias, y terminan convirtiendo a sus desarrollos mineros en unos monstruos que atentan contra la ecología.

Esta es una magnífica oportunidad, que desgraciadamente tiene un origen muy negativo, para que se establezca con el ejemplo una nueva correlación entre quienes deben procurar el cuidado de la naturaleza, y quienes se sirven de los recursos que el país tiene en su subsuelo.

Hoy, que las compañías mineras muestran una vez su apetito incontrolable tratando de entrar a la extracción de otros energéticos como el gas shale, es muy buen momento para reconfigurar los alcances de sus prácticas contaminantes.

No es posible que sigamos exhibiéndonos ante el mundo como un país al que le quedan grandes sus riquezas naturales. Es muy importante que en este que es llamado el mayor accidente ecológico de la industria minera se pueda crear un nuevo nivel de control, pero también se pueda elevar la conciencia colectiva sobre el cuidado a nuestros ecosistemas.

Qué bueno que las mineras generen empleo. Qué bueno que generen derrama económica. Qué bueno que provean a la industria mexicana y mundial de muchas sustancias y materiales necesarios para procesos productivos y para múltiples usos. Pero que mal que no superen la irresponsabilidad al utilizar sustancias altamente tóxicas.

Aquí en Coahuila las minas, las fábricas, los talleres, e incluso laboratorios que están ubicados en las proximidades de ríos, arroyos y presas, en la región carbonífera y norte deben ser continuamente vigilados para evitar que los químicos que manejan puedan, como efecto de los escurrimientos de las lluvias, ir a parar a nuestros cuerpos de agua porque las consecuencias serían impensables.

La situación de Sonora no puede ser resuelta con el clásico carpetazo, y la falta de pruebas para imponer mediante procesos ágiles las sanciones aplicables. No importa que sea contra el gigante minero que es el consorcio propietario de la mina en cuestión.

No importa, lo que interesa es que quede demostrado que se usó la fuerza del estado mexicano para defender los derechos de su población y la vida de la naturaleza.