Transparencia, del dicho al hecho

Se ha presentado, con bombo y platillo, la nueva Ley de Transparencia para Coahuila.

El tener una Ley de avanzada (en esta o en cualquier otra materia) nunca ha sido problema. Incluso cuando la oposición existía en el Congreso, nunca se vivió una parálisis legislativa como ocurre en algunas otras entidades del país. Por acuerdo o imposición, si es prioridad, avanza.

En cuanto a la transparencia, el problema ha estado en el largo trecho que existe entre lo que dice la Ley y lo que se hace. ¿Servirá de algo, ahora, tener una Ley de avanzada?

Un ejemplo. Entre los avances anunciados, todo lo relacionado con los sindicatos. Vamos, pues, a la Máxima Casa de Estudios.

La cláusula 134 del contrato colectivo de la UAdeCse llama Aportaciones para fines sindicales. Por este concepto, mensualmente, la administración le da a su sindicato 200 mil pesos. La segunda catorcena de junio, le da 60 mil pesos para programas sociales (lo que sea que esto signifique) más otros 200 mil, sin que haya un concepto preciso para hacerlo. Esto es adicional a las cuotas de los agremiados e independiente de lo que erogue para cumplir con otras prestaciones del Contrato. Más de dos y medio millones de pesos al año en la bolsa para fines sindicales morralla apenas, si se considera el presupuesto total.

¿Cómo se informará sobre este dinero?

La nueva Ley dice se deberán dar a conocer la entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino. ¿Se aclarará, por ejemplo, la naturaleza de los programas sociales o quienes se benefician? ¿O solo se pondrá una lista genérica que, al final, nada diga? Apuesto por lo segundo.

Salvo los primeros años, la existencia delICAI se ha caracterizado por una laxa aplicación de la norma que tenía entre manos. Y el presente les condiciona el futuro.

Al día de hoy, con la Ley Vieja, la Máxima Casa de Estudios debe transparentar la entrega de recursos públicos cualquiera que sea su destino. ¿Cómo lo hacen?

Se publica el Estado de Origen y Aplicación de Recursos. No incumplen con la Ley. ¿El problema? Que es tan genérica que, por ejemplo, de ahí no se desprende el dinero que va al sindicato. ¿O será que está en el rubro Otras Aplicacionesdonde, para abril de 2014, hay casi 143 millones que pueden ser todo (o nada)?

Se ha tenido buena Ley, el ICAI capacita y recomienda qué información debe publicarse. Los organismos cumplen. El ICAI valida el cumplimiento. Pero, al final, no se sabe realmente cual es el destino del recurso.

El problema no está en la Ley sino en su aplicación. Pero, cuidado. La letra chiquita, los transitorios, sí que ayudan a sacarle la vuelta.

El Decreto que contiene la nueva Ley entra en vigor seis meses después de su publicación; a partir de ese momento, faltarán otros seis meses para poder ver el cumplimiento de las innovaciones normativas y, en todo caso, saber si en realidad benefician o no a alguien.

Doce meses Ya para entonces, es probable, que esté en la mesa una Ley General de Transparencia y con ello otra reforma a la Ley Estatal. ¿Para qué, entonces, tanto brinco?

@victorspena

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