Guerra de populismos

Opinión
/ 30 marzo 2016

Algunos de los compañeros que han cubierto las actividades presidenciales en estos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, contabilizan como séptimo, el decálogo enunciado en el tercer Informe. Es decir, el séptimo decálogo: setenta acciones concretas que, supongo, deberán de concretarse.

Intenciones y más intenciones, sin que mucho o nada se diga de su implementación y resultados cuantificables en el bolsillo y tranquilidad de los mexicanos. Acaso será por eso que Peña Nieto esté hoy en uno de sus niveles más bajo de aceptación: 36% según la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky (http://goo.gl/ssGFNo).

Claro que no puede regateársele al Presidente que haya logrado con el Congreso la aprobación de 13 reformas que llama transformadoras. Si son o no las que nos llevaran a ser un país más justo e igualitario, es una discusión aparte. Ahí están las reformas, pero sin que el común de la gente vea en ellas beneficios tangibles, lo que da lugar a insatisfacción y reclamos en medio de una crisis que se ha convertido en el estado natural de las tres últimas generaciones. Peña Nieto responde que pronto se verán sus beneficios, que cuando las cosas mejoren en el mundo nos irá a todo dar. Intenciones y más intenciones.

La insatisfacción no es de ahora. El proceso reformador viene desde el gobierno de Salinas de Gortari. Su realización e implementación, plegada a los dictados del capitalismo financiero, siempre ha venida acompañada de la promesa de que ahora sí creceremos, remontaremos la pobreza, mejorará nuestra calidad de vida, sin que se convierta en realidad. Ese era otra vez el sentido del mensaje de Peña Nieto.

Sugiere el gobierno que hay que atreverse a hacer cosas diferentes para no obtener los mismos resultados de siempre e insiste que esas reformas marcan la diferencia. No es cierto, son la profundización de la misma receta. Siguen haciendo lo mismo de hace 30 años y los resultados, claro, son y serán los mismos.

De manera que la insatisfacción social no es de ahora, es de hace tiempo, y la gente, por lo tanto, no está afanada en salidas rápidas, en opciones falsas ni en soluciones mágicas como planteó Peña Nieto en su discurso. Lo que la gente común más bien quiere es experimentar la viabilidad de otro modelo porque el actual ya fracasó. Apelar entonces al riesgo del populismo y volver a infundir en el ánimo nacional que hay una opción política que representa un peligro, más bien se vuelve recurso populista, demagógico. Un discurso populista contra el populismo. Porque, en todo caso, hay populismos en un extremo y en otro de la gama ideológica.

Instantáneas. 1. CORRUPCIÓN. Guatemala está dando un ejemplo de valor social e institucionalidad. La presunta participación de Otto Pérez Molina en una red de corrupción aduanera que le habría hurtado al Estado unos 40 millones de pesos, llevó a una furiosa protesta popular que, finalmente, consiguió la dimisión del mandatario guatemalteco. Pero el proceso recorrió, paso a paso, las instancias institucionales del país centroamericano. Primero el Congreso le retiró el fuero, después el Poder Judicial le negó un amparo y, finalmente, renunció para enfrentar los tribunales. El presidente de la Corte, Alejandro Maldonado, asumió ayer mismo como interino mientras que Pérez Molina fue encarcelado provisionalmente en una cárcel militar.

2. EJEMPLO. El programa “Médico en tu casa” implementado por el gobierno de la Ciudad de México ha tenido tan buena acogida y resultados entre los capitalinos, que la secretaria federal de Salud, Mercedes Juan analiza extenderlo a todo el país. De hecho, ya ha tenido contactos con el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

3. JUSTICIA PENAL. El presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la procuradora, Arely Gómez González, y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, analizaron los avances en la implementación de la reforma constitucional en materia penal. En esta reunión, definieron solicitar al Congreso la emisión del decreto de inicio del nuevo sistema de justicia penal en el ámbito federal, en la cuarta etapa de gradualidad compuesta por los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala, que esta previstos para el 30 de noviembre de este año; y la quinta etapa en Aguascalientes, Colima, DF, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, que entrará en operaciones el 29 de febrero de 2016.

@RaulRodriguezC

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