Adiós a la voluntad política

Opinión
/ 16 abril 2023

No es que los gobernadores o diputados no quieran implementar ideas geniales, simplemente que no tienen la completa libertad de decisión porque representan prioridades de varios sectores que no necesariamente aprueban las ideas geniales

¿Qué haría yo si fuera presidente, gobernador, diputado? Es una pregunta clásica que se usa incluso en las escuelas y hasta en canciones, sobre todo para niños. Resulta hasta inocente la pregunta, sobre todo porque las respuestas siempre resultan ser más aspiracionales que reales. Todas suenan bien y todas parecen ideas geniales. Pero la verdad es que los puestos políticos no están diseñados para implementar ideas geniales, sino para cumplir compromisos. No es que los gobernadores o diputados no quieran implementar ideas geniales, simplemente que no tienen la completa libertad de decisión porque representan prioridades de varios sectores que no necesariamente aprueban las ideas geniales. Se deben a compromisos específicos que, hay que decirlo, se tienen que cumplir o, por lo menos, no afectar. Todos entendemos eso.

Desafortunadamente, esa excusa ya no puede ser válida. Al menos no cuando se trata de problemas ambientales, específicamente del agua. Los tiempos de poder patear el bote se terminaron. Difícilmente, el día de hoy, pueda existir un argumento o un interés que pudiera ser más significativo o que tuviera mayor valor sobre la calidad de vida de la población como lo es el problema creciente de la escasez de agua. Si alguien puede pensar en algo más importante para la vida o la sustentabilidad de cualquier actividad económica en el largo plazo, soy todo oídos. No importan ya las agendas, ni los intereses grupales, ni las prioridades de campaña, ni siquiera las promesas que como quiera se van a romper. La condición actual ambiental nos supera y por mucho. Tenemos por lo menos 80 años de retraso en la administración del recurso más valioso para la supervivencia y las señales son claras: o actúas por la buena o tendrás que actuar a la fuerza pagando el costo más alto. Porque eso sí, de que va a costar, va a costar.

Número uno y, sobre todas las cosas, reconocer que tenemos un problema que no es menor. Un problema que requiere liderazgo, compromiso, responsabilidad y sobre todo, consensos con los usuarios. Todos somos parte del problema y por lo tanto todos debemos ser parte de la solución. No existe ni ha existido en ninguna parte del mundo una estrategia eficaz de uso, conservación y administración de agua que haya sido implementada sin la retroalimentación y participación de los diferentes sectores. La inclusión y la consideración de las necesidades locales son valores clave para el éxito de cualquier estrategia o política pública relacionada con el agua.

Y hablando de sectores, las cuencas, los ríos, los acuíferos, y sus sistemas ambientales de los cuales dependen, también son usuarios y son un sector que tiene sus propios intereses y necesidades que hay que considerar para la propia sobrevivencia del sistema y consecuentemente de todos nosotros.

Segundo, los incentivos. Olvidémonos de multas y optemos por incentivar el cambio, la concientización y la corresponsabilidad. El problema del agua no le pertenece a una figura política o a una institución, es un problema de todos y requiere de la corresponsabilidad de todos. No porque el derecho humano al agua esté inscrito en nuestra Constitución, es garantía de su ejercicio. Hay que trabajar para implementar su operabilidad y sustentabilidad en el largo plazo. Los incentivos al ahorro, al reúso (sobre todo urbano e industrial), al tratamiento a niveles de agua potable, a la captación de agua de lluvia, al diseño urbano acorde a una lógica ambiental, la inversión en infraestructura verde, la revisión de tarifas y topes de consumo por tipo de uso y nivel de prioridad, la protección de áreas de recarga de acuíferos, la reforestación, entre muchas otras estrategias que ya está probado que funcionan y que no necesitamos descubrir el hilo negro.

Tercero y, sobre todo, la comunicación efectiva de las instituciones públicas con la comunidad, la transparencia. La transparencia. La transparencia. El acceso a la información. La educación y la inversión en investigación para conocer las áreas y los sectores de mayor vulnerabilidad.

El problema no está en las grandes ideas. De hecho, las ideas no necesitan ser tan grandes. El problema es pensar todavía que esto tiene que ver con voluntad política. Esto ya no se trata de voluntad, sino de obligación política.

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