Amenazas a la libertad de expresión: son inaceptables

La invasión de predios, bajo el pretexto de la precariedad económica de quienes llevan a cabo dichos actos, es un fenómeno que considerábamos superado pero está cobrando relevancia nuevamente en nuestra región. Y en ese proceso, incluso se asume que se “tiene derecho” al atropello de las libertades individuales, así como a la libertad de expresión.

Un grupo de tres periodistas de esta casa editora sufrió personalmente las consecuencias de esta situación ayer, cuando fueron retenidos por casi tres horas mientras realizaban la tarea de documentar la invasión de un predio, conocido como “La Paloma” –o “Dos Palomas”–, ubicado al sur de la mancha urbana de Saltillo.

Se trataba de una actividad cotidiana para quienes nos dedicamos a este oficio: documentar los hechos para reportarlos de acuerdo con las reglas a que obliga el periodismo. En ese proceso fueron cercados por el grupo de colonos invasores quienes, encabezados por un individuo presuntamente vinculado con la organización Antorcha Campesina, trataba de forzarles a borrar las imágenes que habían capturado, como condición para dejarles ir.

Nuestros compañeros, por fortuna, no sufrieron ninguna agresión física. Sin embargo, se vieron obligados a destruir una de las memorias del equipo que utilizaron para documentar los hechos, incluso cuando elementos del Grupo de Reacción Sureste ya habían arribado al lugar.

Pero el que no se haya registrado ningún episodio de violencia física no resta un ápice a la realidad: el hecho constituye un delito, pues nuestros compañeros fueron retenidos contra su voluntad en el lugar y la amenaza fue explícita: o se borraba el material gráfico o no podrían irse.

Lo ocurrido constituye una llamada de atención para todos, pues las asimetrías sociales no pueden resolverse por la fuerza, ni la condición social de quienes se encuentran en dicho predio justifica la agresión en contra de un grupo de periodistas que nunca les agredió ni realizó acto alguno que atentara contra su integridad.

Como ocurre con cualquier fenómeno social, quienes nos dedicamos al periodismo tenemos la encomienda de documentar los hechos y retratamos lo ocurrido a partir justamente de lo que observamos. Lo esperable en una sociedad democrática es que esa actividad goce de todas las garantías para su desarrollo.

No existe de parte de esta casa editora ninguna intención por magnificar los hechos o sacarlos de contexto. Sin embargo, la violencia que el gremio periodístico padece en el país nos obliga a señalar lo ocurrido y advertir que puede ser el germen de actos indeseables, sobre todo porque una de las amenazas explícitas proferidas ayer fue acudir a las instalaciones de Vanguardia para tomarlas por la fuerza en represalia por la trabajo de nuestros compañeros.

Demandamos de todas las autoridades el despliegue de las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de nuestra labor periodística, así como la integridad de nuestros colaboradores e instalaciones.