AMLO, la militarización, el fracaso y la promesa incumplida

En 18 años, desde que inició la mal llamada “guerra contra el narco”, que desató el expresidente Felipe Calderón, la militarización de la seguridad ha sido un rotundo fracaso.

El uso de militares en tareas de seguridad pública no ha solucionado la violencia e inseguridad que se vive en gran parte del territorio nacional. Por el contrario, en algunas zonas la violencia se ha acentuado con la presencia de elementos militares.

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Ya desde hace años se ha documentado cómo la presencia de militares agrava los enfrentamientos y genera en muchas ocasiones más violencia. El estudio “Seguridad Pública enfocada en el uso de la fuerza e intervención militar”, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, refería hace años, por ejemplo, señala que entre los años 2012 a 2016 se abrieron 505 investigaciones contra soldados por crímenes contra civiles.

Este tema viene a cuento a propósito de la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional para que quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Sabíamos que de facto la Guardia Nacional era un brazo de la Sedena, pero ahora se oficializa, contraviniendo promesas desde su creación, como que sería una Guardia encabezada por un civil.

Pero no sólo es esta promesa incumplida. El Presidente prometió regresar a los militares a los cuarteles, cosa que evidentemente no cumplió. Lo peor es que les dio más fuerza y poder para realizar trabajos de seguridad nacional, seguridad pública, vigilancia de puertos, controles fronterizos y hasta el involucramiento en obras civiles. Sin embargo, ahora con la incorporación a la Sedena, también se le dotará de facultades como la investigación o la aplicación del fuero militar.

Organizaciones civiles como Amnistía Internacional y Seguridad sin Guerra, aseguraron que la presencia de militares representa un foco rojo por los temas de abuso y violaciones graves a derechos humanos.

Lo impensable: el poder que dio Felipe Calderón a los militares, al llevarlos al terreno de la seguridad pública, está viendo su clímax con el presidente López Obrador, quien tanto criticó esa estrategia.

AL TIRO

Está comprobado que la estrategia de tener a los militares en las calles para combatir la violencia y el narcotráfico ha sido un fracaso. Más de 15 años de masacres, territorios fallidos y violencia descarnada, lo comprueban. Y como si no fuera suficiente, llegan las declaraciones del general del Ejército en Sinaloa que dijo que la inseguridad en este estado no dependía de las fuerzas castrenses, sino de los grupos del crimen organizado.

“Depende de los grupos antagónicos, que dejen de hacer su confrontación entre ellos...”, dijo el militar.

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Mark Ungar, en su libro “Policing Democracy: Overcoming Obstacles to Citizen Security in Latin America”, critica la militarización en América Latina, argumentando que esta no sólo no disminuye la inseguridad, sino que agrava los conflictos y erosiona la legitimidad de las instituciones democráticas.

Porque el problema no es sólo que se acentúe la violencia, sino que también el control del Ejército representa falta de transparencia a sus acciones, pues históricamente es una institución donde el aura de la secrecía y la opacidad reina sin empacho.

Además, en lugar de fortalecer instituciones propias de un gobierno democrático, como las aduanas, fronteras o proyectos de infraestructura, se otorga protagonismo a las fuerzas armadas para que las realicen.

López Obrador no cumplió con regresar a los militares a los cuarteles. Y la justificación de que las policías y autoridades locales no tienen la capacidad para hacerle frente, es el mismo pretexto que usó Felipe Calderón, con las consecuencias desastrosas que todos conocemos.

Además, en 2006, Calderón aseguró que la militarización sería temporal mientras las policías e instituciones locales se fortalecían. Pero nunca ocurrió en la mayoría de los casos. Pasaron 18 años y todo ha empeorado y ese despliegue militar que López Obrador prometió eliminar, se seguirá acentuando.