‘Caso El Pinabete’: las imputaciones que debe hacer la Fiscalía de Coahuila

Luego de más de un año de trabajos en los terrenos aledaños a la explotación carbonífera El Pinabete, donde se registró una inundación que mató a una decena de mineros en agosto de 2022, este lunes se dio paso al proceso de búsqueda de los cuerpos.

En los más de 16 meses transcurrido desde la tragedia, la Fiscalía General de Coahuila ha sostenido que la recuperación de dichos cuerpos resulta indispensable para proceder al establecimiento de posibles responsabilidades penales en el caso.

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Ayer, el titular de la dependencia, Gerardo Márquez Guevara, informó que un equipo multidisciplinario de la Fiscalía se encuentra en el lugar para el desarrollo de los trabajos de búsqueda y la realización de las diligencias legales a que haya lugar.

“El tema de nosotros es pericial, estaremos funcionando ahí con un equipo operativo multidisciplinario en diversos temas, no solamente en el tema de medicina forense, sino también de criminalística.

“Las primeras diligencias las realizamos primero nosotros, temas de genética, toma de muestras, por ejemplo, para tratar de hacer identificaciones, todo eso iniciaría hoy (lunes). Realmente nosotros no llegamos al lugar donde pueda encontrarse el hallazgo”, dijo el Fiscal.

Resulta muy difícil establecer un plazo para que el equipo encargado de la tarea localice y rescate los cuerpos. Sobre todo porque no existe certeza sobre el lugar donde se encuentran y porque en este tiempo los elementos naturales habrán producido efectos en estos.

Pero, con independencia del tiempo que dicha tarea tome, lo cierto es que una de las asignaturas pendientes tiene que ver con la determinación de las posibles responsabilidades penales en contra de quienes tenían a su cargo la operación del “pocito” y, por ende, la seguridad de los mineros.

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Al respecto, el Fiscal señaló este lunes que aún no existe una definición sobre la posibles imputaciones. “No lo sabemos, pero puede haber alguna negligencia de la mano de un homicidio culposo, por ejemplo, seguramente contra propietarios, contra capataces, contra personas que tenían el deber jurídico de cuidado respecto a las condiciones de seguridad y todo eso”, puntualizó el funcionario.

Cabría esperar que una vez agotado el procedimiento, la dependencia fije con claridad la ruta jurídica a seguir, pues ello es indispensable en el proceso de hacer justicia en el caso y, sobre todo, para sentar un precedente que ayude a poner fin a la muy larga lista de tragedias mineras en Coahuila.

Porque mientras quienes obtienen beneficios económicos de la explotación de “pocitos” no reciban el mensaje de que el Estado no les permitirá seguir obteniendo ganancias a costa de la seguridad y la vida de seres humanos la explotación carbonífera a través de este método no se detendrá.

Y si eso no ocurre, como se ha dicho en múltiples ocasiones, reseñar la siguiente tragedia será sólo cuestión de tiempo.