Claudia y el acuerdo por el agua: de la palabra a los hechos

Existen diversas frases populares que hacen referencia a la necesidad de hablar con hechos: “cuando los hechos hablan, las palabras sobran”, “de lengua me como tres tacos”, “de la palabra a los hechos”, entre otras.

Esto viene a cuento porque en la semana se firmó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humanos al Agua y la Sustentabilidad, evento que encabezó Claudia Sheinbaum Pardo. La Presidenta reunió a gobernadoras y gobernadores, academia, usuarios de distritos de riego y empresarios para establecer compromisos en materia de agua.

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Un acuerdo que se podría resumir en los compromisos para garantizar el derecho de acceso al agua y la continuidad de los procesos productivos de alimentos de una manera sustentable.

A lo largo de los años se han realizado acuerdos o pactos de todo tipo y de toda materia, pero en muchas ocasiones sólo queda en el anecdotario, en la fotografía, en los discursos elegantes y rimbombantes.

Felipe Calderón presentó un Acuerdo por el Agua 2030. Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua que permitirían “garantizar el agua para consumo humano hasta el 2050”. Andrés Manuel López Obrador también firmó decretos relacionados con el agua, principalmente para renovar títulos de concesión.

Todos tuvieron sus respectivos planes nacionales hídricos.

Y si se traslada a los estados, lo mismo con las y los gobernadores: firma de pactos, firma de acuerdos, firma de compromisos. ¿Pero qué se ha hecho y cómo se ha medido el impacto?

En este nuevo Acuerdo Nacional de la presidenta Sheinbaum, dijo que los unía “el reconocimiento del agua como un bien nacional, como un recurso natural, el agua no como una mercancía, sino como un derecho”.

Bien, pues la Ley de Aguas Nacionales ya establece el agua como un bien nacional. El problema es que se ha malinterpretado a conveniencia el tema de las concesiones y derechos. Concesión o derecho no es igual a ser dueño o dueña del agua.

Sin embargo, la misma Ley de Aguas Nacionales también fomenta la mercantilización del agua, pues los vacíos que tiene han generado la compra-venta de derechos y el traspaso de los mismos como si se tratara de eso, de una mercancía.

En ese sentido habría que cuestionar también cómo se va a plasmar un acuerdo en una ley, particularmente en la Ley de Aguas Nacionales, que ha sido motivo de disputa entre muchos frentes.

AL TIRO

El agua es un asunto de prioridad y de seguridad nacional que, al menos, se ha reconocido en los discursos y en los planes. Sin embargo, planes como “poner orden a concesiones, hacer eficientes los sistemas de riego o evitar la contaminación de cuencas, ríos y mares, y contribuir para su restauración y saneamiento”, como se dijo en la firma, son puntos que de inicio son inherentes a la administración pública y obligaciones del Estado, es decir, no habría razón para firmarse porque ya está enmarcado en lo que tienen y deben de hacer.

El problema es que por muchos años se ha hablado de ordenar, tecnificar y restaurar, pero en los hechos poco se ha realizado. Ejemplos sobran.

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Entonces, ¿será que ahora sí se pase a las acciones? La llamada autoridad del agua, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ¿si ejercerá ahora sus obligaciones?

Está bien la firma del Acuerdo Nacional. Quedará recordar los mismos al final del sexenio. Por lo pronto, habrá que darle seguimiento a los compromisos que se hicieron y ver precisamente que los hechos hablen, más que las firmas simbólicas, fotografías o discursos.