Coahuila: ¿Qué hicimos con nuestros jóvenes?
Los últimos tres sucesos violentos en Coahuila tienen algo en común: los asesinados o los responsables son gente joven, inclusive, menores de edad. ¿Cuándo perdimos a nuestros jóvenes?
Primero fue la bestial riña en la colonia Las Dalias de Torreón, donde dos jóvenes de 16 y 17 años, hoy vinculados a proceso, presuntamente mataron a un hombre de 21 años y otro de 36 años.
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Una semana después ocurrió el caso de Byron, un joven de 14 años que fue apuñalado. Un video de la cámara de seguridad de la quinta donde ocurrió el homicidio muestra al adolescente con el arma blanca enterrada en la espalda y ensangrentado. Después se desploma. Los presuntos responsables son dos jóvenes de 15 y 16 años.
También está el caso de Jimena, la joven de Sabinas que fue reportada como desaparecida y después hallada asesinada a martillazos, según se reveló. El presunto culpable tiene 19 años, pero un menor de 17 años es acusado de colaborar en el delito de ocultamiento de cadáver.
¿En qué momento los jóvenes decidieron acabar con su vida y acabar con la vida de otros jóvenes? ¿En qué momento la rabia se volvió tan violenta como para enterrar un cuchillo en la espalda o matar a martillazos a una mujer menor de edad u ocultar un cadáver?
Se trata de jóvenes que nacieron entre el 2005 y 2010, al arranque o clímax de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, y que crecieron precisamente con la secuela del impacto violento que azotó al Estado.
Un problema de cuando disminuyó la violencia extrema en la entidad, entendida como los homicidios en la vía pública, personas colgadas de puentes, los ataques o masacres en lugares públicos, fue que el discurso se limitó a querer “darle vuelta a la página”, sin pensar en todas las secuelas que provocó y que nunca se atendieron.
No existió nunca una política pública para atender los caldos de cultivo que se crearon: los hijos e hijas que sufrieron el asesinato o desaparición de un padre o una madre, los llamados huérfanos de la violencia que nunca se cuantificaron y muchos menos atendieron; los desplazamientos internos donde las personas tuvieron que salir de sus barrios, colonias o ciudades porque no existían las condiciones para seguir ahí; tampoco nunca surgió una política para atender todos los efectos psicológicos en quienes sufrieron el impacto de la violencia; las condiciones de marginación o discriminación en las que quedaron muchas comunidades.
A todo esto, hay que sumarle un coctel de factores como la delincuencia, el acceso a las drogas que deriva en adicciones, el desempleo o el empleo mal pagado, los problemas de salud mental como la depresión y ansiedad en las juventudes, entre otros.
AL TIRO
El problema no es únicamente local. El Universal publicó en septiembre una investigación donde analizó con cifras que en 2006 había 10 asesinatos por cada 100 mil personas de 12 a 29 años en todo el país. Para 2022, la tasa creció a 28 por cada 100 millones. En el caso de las desapariciones, el aumento es mayor: en 2006 se encontró en un registro por cada 100 mil jóvenes, y en 2022 se situó en 29.
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¿En qué momento se nos hizo hábito que un adolescente mate a otro adolescente? ¿O que una mujer de 17 años sea asesinada y su cuerpo ocultado? ¿Qué le hicimos a los jóvenes para que se maten como se matan?
La pregunta ahora es cómo corregir este fenómeno. La militarización ha sido un fracaso y la política pública se ha reducido a programas sociales, becas y dinero gratis. Sin embargo, no existe ninguna política de intervención y rescate nuestros jóvenes.
