Cómo lograr que los votantes obtengan los datos que necesitan sin un juicio a Trump sobre el 6 de enero

Por Andrew Weissmann, The New York Times.

La tardía decisión de la Corte Suprema de esta semana respecto a la inmunidad presidencial es una derrota para la rendición de cuentas presidencial, la cual ha permitido que Donald Trump, el único expresidente por quien la cuestión de la inmunidad penal se ha llevado tan lejos, escape de cualquier consecuencia legal antes de las elecciones generales por sus acciones relacionadas con esfuerzos para anular las elecciones de 2020.

Esta decisión otorga inmunidad absoluta para las funciones presidenciales básicas, incluidas las interacciones siniestramente cuestionables con el Departamento de Justicia que se presumen ilegales en la acusación del fiscal especial Jack Smith. La corte también crea una presunción de inmunidad para otros actos oficiales alegados en la acusación de Smith.

Al no decidir el caso hace más de seis meses, cuando Smith planteó la cuestión a la corte, también le ha otorgado inmunidad de facto a Trump. El tribunal claramente consideró que tenía que opinar sobre el alcance de la inmunidad penal de un expresidente. Pero podría haber opinado en aquel momento; la corte mantuvo el caso penal en suspenso desde diciembre.

Pero no todo está perdido. Puede que no se lleve a cabo un juicio, pero aún podría llevarse a cabo un procedimiento legal que le proporcione a los votantes algo de lo que quieren y necesitan.

Un juicio completo antes de las elecciones generales de noviembre seguramente ya está descartado, pero la jueza Tanya Chutkan del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington tiene ahora la autoridad para celebrar pronto una audiencia probatoria repleta de importantes testimonios de testigos. Esa audiencia no remplazaría un juicio y un veredicto, pero en este punto es el mejor medio y el único que queda para hacer públicas pruebas cruciales y que los electores puedan escucharlas antes del día de la votación presidencial.

Tras la decisión de la Corte Suprema, Chutkan puede celebrar una audiencia inmediata sobre las cuestiones clave que el fallo deja abiertas: qué alegaciones en la acusación son funciones oficiales centrales con derecho a inmunidad absoluta y cuáles no.

En su decisión, la Corte Suprema concluyó que las interacciones de Trump con el Departamento de Justicia cuentan con absoluta inmunidad. Pero le dejó al tribunal de primera instancia la cuestión fáctica de cómo categorizar las interacciones de Trump con el vicepresidente Mike Pence (particularmente en el papel de este último el 6 de enero como presidente del Senado, que no es una función del poder ejecutivo) y con funcionarios estatales, lo que deja en manos del juez de distrito determinar si es aplicable aquí la presunción de inmunidad o no tras analizar el contexto completo de las acusaciones.

Se puede encontrar un modelo para una audiencia de este tipo en tribunales federales y del estado de Georgia que lidiaron con una cuestión fáctica análoga: determinar si el jefe de Gabinete de Trump, Mark Meadows, podía trasladar su caso a un tribunal federal porque estaba actuando en calidad de funcionario del poder ejecutivo cuando ayudó a concertar una llamada con autoridades electorales de Georgia para discutir el resultado de la votación presidencial. Tanto la defensa como la fiscalía llamaron a testigos a una audiencia previa al juicio sobre los hechos.

Los tribunales inferiores rechazaron el testimonio de Meadows y su posición legal de que los cargos en su contra involucraban acciones realizadas en su calidad de funcionario federal, una decisión ratificada de forma unánime por un panel del 11.º Circuito.

Una audiencia sobre los hechos ante Chutkan podría resolver una serie de cuestiones sobre los actos por los que se acusa a Trump, incluida la de si algunos de ellos los llevó a cabo en su calidad no oficial y, por lo tanto, son apropiados para realizar un juicio penal. ¿Estaba Trump actuando en esa capacidad cuando le pidió al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que “encontrara” votos? ¿Cuando presuntamente intentó compilar listas de electores falsos? ¿Cuando importunó a su vicepresidente para que no contara los votos electorales? ¿Y en sus comunicaciones en forma de publicaciones en las redes sociales y en un discurso público ante una multitud reunida el 6 de enero?

Smith podría llamar al estrado a muchos de los mismos testigos que presumiblemente llamaría en el propio juicio: los asesores de la Casa Blanca que pueden haberse negado a participar en tales actos y haber advertido de su ilegalidad; los funcionarios de la campaña de Trump que se negaron a aceptar el plan de los electores falsos; y un vicepresidente que rechazó la idea de tener autoridad para negar o incluso retrasar el conteo de votos electorales.

Estos testigos podrían proporcionar pruebas nuevas e importantes que no formaron parte de las audiencias del Congreso sobre el 6 de enero. Hay una buena razón para que esta evidencia no haya sido divulgada anteriormente: hay una diferencia abismal entre las herramientas disponibles para el Departamento de Justicia y los comités del Congreso para obtener testimonios completos y sinceros de los testigos. Pence, por ejemplo, no testificó en absoluto ante el Congreso, pero se le exigió que testificara ante el gran jurado de Smith.

Otros testigos invocaron privilegios dudosos ante el Congreso que mantuvieron fuera de la vista pública las conversaciones directas con Trump, pero Smith ha sido tenaz a la hora de desmontar las afirmaciones falsas de privilegios.

Una audiencia previa al juicio como esta podría comenzar muy pronto. Este tipo de audiencia se realiza habitualmente en relación con casos penales federales sobre una amplia gama de asuntos, más comúnmente mociones para suprimir pruebas.

No es necesario retrasarla, como pasaría en cualquier juicio, por un periodo de alrededor de 90 días previamente establecido por Chutkan para las mociones previas al juicio, el descubrimiento probatorio y la preparación del juicio. Como podría esperarse, lo más probable es que Donald Trump insista en retrasar el juicio, y tendría un argumento para hacerlo.

Aunque lo más probable es que la defensa de Trump objete cualquier cosa que haga avanzar el caso, como una audiencia probatoria, sería una posición difícil de sostener cuando el objetivo de dicha audiencia es protegerlo de tener que ser juzgado por asuntos en los que posee inmunidad bajo la nueva definición de la Corte Suprema.

El beneficio de una audiencia probatoria sería enorme, ya que brindaría a la población al menos cierta información que necesita tener antes de acudir a las urnas en noviembre. Con un procedimiento de confrontación a Trump siguiendo a cabalidad el debido proceso, la audiencia permitiría ventilar evidencia vinculada al núcleo de la acusación formal más profunda en la historia de esta nación.