Desconozco la razón del enojo encabritado de los corifeos de las autoridades estatales, vestidos (obvio) con chaleco verde de Mejora, sólo porque el gobernador Manolo Jiménez no ejecutó al alcalde Román Alberto Cepeda con un juicio político conducente a su dimisión, el pasado lunes 28 de abril, día de la comparecencia del mismo alcalde ante la Comisión de Seguridad del Congreso local.

Tengo la impresión de que dichos corifeos han acudido −en exceso− al deshuesadero de Tultitlán, Estado de México, donde ocurre la lucha libre extrema, violenta por definición, con salpicadero de sangre, botellazos, huesos rotos, sillazos y músculos luxados al por mayor. O quizá, han visto demasiada lucha libre AAA en el llamado Domo de la Muerte con luchadores de “La Puerquiza” contra “Los Vatos Locos” dentro, todos, de una jaula de acero con alambre de púas electrificado.

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En su delirante obsesión por celebrar un manotazo brutal para afirmar la autoridad de MJS, esos monaguillos no piensan en las consecuencias políticas en el corto, mediano y largo plazo para el mismo gobernador y, por si fuera poco, todavía ponen cara de indignados.

A ellos, les recuerdo, sin embargo, que una cuchilla triangular de acero, bien afilada por distintas instituciones del aparato estatal, todavía pende encima del cuello de RAC. Esa guillotina alcanzaría también los cuellos de tres mandos superiores de la policía municipal de Torreón por la misma razón: el montaje de Nuevo Mieleras amarrado a una relativa baja percepción de seguridad y el cocinado paro policial.

Carlos Robles Loustaunau, presidente del PRI y de la Comisión de Seguridad en el Congreso, a pregunta expresa del reportero, una vez finalizada la comparecencia de RAC, sentenció: “De haber elementos, el alcalde de Torreón podría enfrentar juicio político para ser destituido del cargo, ante los hechos de inseguridad en el municipio lagunero” (Zócalo: 28-04-2025).

¿Por qué MJS no ejecutó a RAC el 28 del mes pasado a pesar de la presión de sus delirantes corifeos a punto de desgarrarse sus chalecos verdes? Por una simple razón: destituirlo al cuarto mes de sus funciones hubiese obligado al Congreso a convocar nuevas elecciones en Torreón con altas probabilidades de perderlas. Por ello, MJS esperará a que pase el sexto mes para que el mismo Congreso elija el sustituto de RAC. Y entonces, a partir del 1 de julio, ordenaría al aparato estatal ejecutar el juicio político contra RAC y obtener así su dimisión.

¿Cuáles serían las consecuencias de dicha decisión, que sus corifeos celebrarían arrojando el chaleco verde al aire?

1ra. consecuencia: Decaería la confianza respecto a MJS entre grupos empresariales y políticos, en particular, y torreonenses, en general, por dos razones: por politizar la seguridad y deponer “a la mala” un alcalde electo por los torreonenses.

2da. consecuencia: Metería a la ciudad (y a la Comarca) en una situación de ingobernabilidad política (que se agudizaría de maneras insospechadas con personajes como Miguel Mery o Hugo Dávila, como posibles sustitutos de RAC).

3ra. consecuencia: Surgiría una oposición política entre actores políticos locales; pues, aunque no existe un “Grupo Torreón” que los unifique, el grupo cobraría vida para arropar al alcalde (más allá de toda diferencia) y oponerse a la decisión de MJS.

4ta. consecuencia: Se agudizaría la desconfianza ciudadana en la policía estatal que −desde el cambio manufacturado desde las alturas− tiene ya el control de la seguridad pública de los torreonenses. Y dificultaría, aún más, el ganarse esa confianza ya establecida con la corporación policial liderada por el anterior comisario.

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5ta. consecuencia: Las elecciones intermedias de 2026 estarían en riesgo para el PRI estatal con una alta probabilidad de perder el Congreso. Recordemos. La renuncia de Mariano López Mercado de la alcaldía de Torreón en 1995 fue un factor determinante para que Rogelio Montemayor no tuviese mayoría en el Congreso local.

6ta. consecuencia: Las inversiones caerían por ser Torreón una ciudad “insegura”.

Las consecuencias muestran una premisa: para la cultura política torreonense, una decisión vertical y autoritaria del gobernador no es suficiente para imponer “el orden y el control” en la ciudad.

MJS y RAC tienen, todavía, 56 días antes del 1 de julio para arreglar sus diferencias en favor de Torreón y de Coahuila. Ojalá que por el bien de todos lo hagan, porque el daño insospechado aún sería para todos, sin excepción.