Coordinadores de los comités de defensa, un burdo engaño

Sin ocultarlo, a la luz de todo el mundo, sin esconderse, con arrogancia a pesar de estar violando abiertamente la ley, Morena y su par de partidos satélites han dado inicio ya al procedimiento que culminará con la designación de sus candidatos a 17 gubernaturas para las elecciones del 6 de junio de 2027.

Se trata, además, de una simulación que a nadie engaña. Salvo, claro está, a quienes fingen ser engañados. Entre los cuales, lamentablemente –porque no están para eso, sino precisamente para lo contrario– se encuentran tanto la autoridad electoral administrativa, el INE y los órganos locales similares –conocidos como OPLES–, así como los tribunales electorales, federal y estatales, con toda su cauda de salas regionales.

La intención de ese irregular proceso de simulación, que ya han iniciado Morena y sus aliados, es adelantar los tiempos electorales establecidos en la ley, obviamente para sacar ventaja sobre la oposición. Este adelanto del calendario da mayor exposición, visibilidad, conocimiento público a los precandidatos del oficialismo en detrimento de los opositores.

Además de lo anterior, la simulación en cuestión implica el gasto de carretadas de dinero, del que no se informa y nadie sabe a cuánto asciende ni quién o quiénes lo aportan. Con este antecedente, fijar después topes a los gastos de precampaña y campaña carece en realidad de sentido para Morena y sus candidatos, que ya han gastado lo que han querido sin medida ni control, y sólo vienen –esos topes– a limitar a la oposición, que entra en desventaja en la competencia electoral.

A esa burda mascarada, a todas luces violatoria de la ley, se le ha dado en llamar proceso de designación de “coordinadores de los comités de defensa de la transformación y de la soberanía nacional”. Se trata de una anteprecampaña, para la que muchos se anotan, la casi totalidad, con el sólo propósito de ganar visibilidad y hacer méritos, porque bien saben que el que quede designado desde lo alto como “coordinador de los comités de defensa de la transformación” (lo que sea que ello signifique) será, final y fatalmente, el candidato para el cargo de elección popular de que se trate.

Por lo pronto, para las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año, cerrado el registro de aspirantes a “coordinadores”, se informó que el número de los que se anotaron ascendió nada menos que a 277. En este mes de julio, por un acto de prestidigitación, la cifra se reducirá a no más de seis por estado, de entre los cuales en diciembre quedará el designado como candidato a gobernador de cada una de las 17 entidades.

Por cierto, ¿cómo se lleva a cabo la selección de estas y el resto de las candidaturas que Morena postula a cargos de elección popular? El procedimiento aparece descrito en el extenso artículo 44 de los Estatutos de este partido. La clave está en su inciso “a”, el cual dice: “La decisión final de las candidaturas de Morena resultará de la utilización armónica (¿qué querrá decir esto?) de los métodos de elección, insaculación y encuesta, de acuerdo a lo señalado en este apartado”, es decir, en el prolijo artículo mencionado.

A propósito de lo anterior, procede recordar que la Ley General de Partidos Políticos ordena a estos que sus Estatutos deben contener “normas y procedimientos democráticos para la postulación de candidaturas” (artículo 39.1, inciso h).

Cabe entonces preguntarse: ¿cómo es que el INE aprobó que los Estatutos de Morena, en lugar de procedimientos democráticos para la postulación de sus candidatos, establezcan las “encuestas”, siempre susceptibles de ser “copeteadas”, y las tómbolas (como popularmente se llama a la insaculación), que es de por sí un procedimiento opaco? Porque cabe tener presente que en su momento correspondió al Consejo General del INE declarar la “procedencia constitucional y legal” de los Estatutos de Morena (artículo 36.1 de la LGPP). ¿Por qué el INE incumplió este precepto?

En fin, esa farsa de nombrar “coordinadores de (inexistentes) comités de defensa” es violatoria de la ley por adelantar los tiempos legales del proceso electoral, por no respetar los topes de gastos de precampaña y campaña y, además, ¡el colmo!, por tratarse de figuras que ni siquiera están incluidas en los estatutos y reglamentos de Morena ni de su par de partidos satélites.