Deriva autocrática: Complicidad entre medios y poder político

La deriva autocrática del país no se explica sin la connivencia de sus élites con el poder político. Miedo, interés o complicidad convergen en la renuncia a defender al sistema que mejor sirve al país y a ellos mismos. Un sistema de reglas, con autoridades contenidas por la legalidad y un sistema judicial que haga valer la Constitución es lo mejor para todos. Igual un poder desconcentrado y la integración de la pluralidad a los órganos legislativos. Tiene que ver con las libertades y con la eficacia del sistema para resolver o enfrentar de la mejor manera sus problemas, también hacer realidad los anhelos de la población. El autoritarismo seduce y, a veces, convence, pero no resuelve, no es eficaz.

Los gobiernos de la democracia no estuvieron a la altura de la expectativa del cambio de régimen. El desencanto a lo largo de 18 años abrió la puerta a la aventura populista y, de allí, a la autocracia en términos impensables e inimaginables. No fue el regreso al punto de partida, fue la deriva autocrática acompañada de un significativo consenso popular que dio para ganar arrolladoramente dos elecciones nacionales. El tren de la devastación del régimen democrático está en curso y es incontenible, imparable. Para el régimen no hay concesión o pausa alguna porque domina un ánimo de guerra de quienes triunfaron, tampoco espacio a la coexistencia, y el acuerdo es asumido como claudicación. Ellos se asumen representantes únicos del pueblo, a pesar de la pluralidad en la sociedad y de que una minoría significativa votó por otros partidos.

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Los medios de comunicación han sido parte de la construcción autoritaria. Los segmentos de opinión plural son intrascendentes, lo que impacta a la población es la información donde resulta evidente la ausencia de una auténtica calidad informativa que haga valer la veracidad de lo que se dice de un lado o de otro. La propaganda del régimen circula sin restricción alguna porque los medios, en su mayoría, no cumplen con su función de informar con rigor y seriedad ni −en su abrumadora mayoría− con la tarea de realizar el escrutinio al poder. El régimen manipula y miente groseramente, mientras que los medios reproducen las falacias del sistema.

La amenaza al periodismo independiente viene tanto del régimen político como del crimen. No es casual que los periodistas y los medios se vuelvan objetivo. Ocurre en el ámbito local, donde es más recurrente por la proximidad, así como en los medios nacionales. El atentado contra Ciro Gómez Leyva y las amenazas públicas contra Azucena Uresti son ejemplo de que el crimen opera en todas partes, aunque se desconoce a ciencia cierta la colusión de los criminales y los intereses políticos. La investigación de la FGR en Sinaloa reviste la mayor relevancia, al igual que las indagatorias en Morelos, Chiapas y Guerrero, para conocer los vasos comunicantes entre autoridades y grupos criminales.

La debilidad de los medios nacionales resulta del perfil de los empresarios. Existen casos encomiables en los que se antepone el proyecto editorial o periodístico sobre los intereses económicos de los propietarios; igual la presencia de líderes de opinión que cumplen con su responsabilidad profesional y con distancia del poder político o económico. Sin embargo, la mayor parte de los medios, especialmente los del Estado y los concesionados, incumple con su función de informar con veracidad e independencia, que se acentúa cuando el poder político gana espacio y se concentra.

La política de medios del régimen es a imagen y semejanza. Se trata de someter, uniformar y reprimir la voz diversa y plural de la sociedad y, consecuentemente, las posturas independientes o críticas al sistema. En estas horas difíciles de la República la libertad de expresión debiera cobrar relieve. No ocurre así porque los medios de mayor relevancia se enmarcan en los negocios y los intereses de sus propietarios.

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Este sábado 2 de noviembre, la editora en EU del diario británico The Guardian, Betsy Reed, se refirió a la renuncia de una larga tradición de dos grandes diarios norteamericanos para pronunciarse en la contienda presidencial: Los Angeles Times y el Washington Post. Señala la periodista que es resultado de la interferencia en la política editorial de los archimillonarios propietarios de dichos medios.

La libertad de expresión requiere de periodistas libres e independientes, así como de empresas que actúen en consecuencia. De otra manera habrá complicidad entre los medios y el poder.