“Mi solidaridad incondicional con Azucena Uresti”.
Uno de los grandes logros democráticos es que se ejerciera el voto en plena libertad. Esto no se logró de golpe y porrazo. Poco a poco se fue desmantelando toda una lógica patrimonialista y clientelar, la presión desde los sindicatos asociados al régimen, y la ingerencia estatal se fue controlando (sin desparecer por completo), pero sin el descaro que hoy padecemos. En estos avances jugó un papel trascendental el IFE/INE que —desde 1996 pero sobre todo después de 2006— endureció todavía más los aspectos relacionados con la intervención del presidente de la República.
Pero además se podía votar en paz y tranquilidad en casi todo el país y el hecho de que hubiera un voto secreto en un proceso resguardado por ciudadanos daba garantías para que libremente la gente acudiera a las urnas.
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Todo esto permitió la alternancia en la presidencia, que se ganara la segunda plaza en importancia por su resonancia que es la capital de la República, que se derrotaran las mayorías calificadas, que la gente sintiera que su voto valía, que era muy importante participar en este proceso democrático.
Hoy todas estas condiciones han sido vulneradas lo que de inicio significa que ya desde ahora las reglas de la competencia se han trastocado y existe un “efecto corruptor” que impide que la gente acuda a votar con libertad.
El órgano electoral ha sido colonizado (a no ser por la valiente resistencia de algunos de sus consejeros), y actúan indignamente ante lo que son ya violaciones sistemáticas a las reglas de equidad e imparcialidad. Le llama la atención al presidente pero no lo calla. No le exige silencio y tampoco el tribunal lo sanciona de manera ejemplar, de tal manera que se permite sin rubor alguno que sea en los hechos el jefe de campaña de sus candidatas.
Los gastos excesivos, los miles de espectaculares que vimos por todo el país, la abierta intromisión del gobierno y el uso de recursos públicos que en otros momentos implicarían la cancelación de la candidatura del oficialismo, hoy gozan de total impunidad porque la autoridad electoral se niega a poner freno, límites a este abuso.
Pero lo más grave es que no se puede hablar de elecciones libres en esta espiral de violencia, ante el control de una buena parte del territorio por el crimen organizado.
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Campea el miedo en muchos lugares del país. La constante: comunidades enteras desplazadas por la violencia, carreteras intransitables porque en ellas se asalta y mata, desaparecidos, reclutamiento forzoso por parte del crimen organizado, madres buscadoras que tienen que pedir permiso a los delincuentes para encontrar a sus hijos, candidatos opositores asesinados, más muertes que nunca, todo esto indica que quienes son dueños y señores de esos lugares son los grupos delincuenciales, y que mientras haya terror y miedo la gente no saldrá a votar, o lo hará coaccionado para apoyar a quienes han dejado hacer y deshacer al crimen organizado y al que le ofrecen la continuidad de los abrazos.
Todo esto mina la posibilidad de unas elecciones libres y en consecuencia legítimas. El gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad y la paz y de respetar el proceso electoral. Es hora de exigirle a los órganos electorales que actúen y también al gobierno que garantice seguridad y paz.
