Exalcaldes procesados: ¿sus casos actúan como disuasor?

El registro de exmunícipes coahuilenses contra quienes se ha iniciado una causa penal, como presuntos responsables de conductas delictivas relacionadas con actos de corrupción, señala que en los últimos siete años solamente se han presentado cinco casos en los cuales los exfuncionarios han terminado en prisión. El de la muzquense Tania Flores Guerra es el más reciente de ellos.

La reducida cifra señalada tendría que conducirnos a concluir que ello se debe a que los casos en los cuales los munícipes incurren en conductas contrarias a la ley y, en particular, que implican actos de corrupción, son muy raros. Pero difícilmente tal conclusión pasa la prueba de la percepción ciudadana.

Y es que, muy lejos de tal posibilidad, lo que la ciudadanía percibe es que los políticos, de todos los signos ideológicos, difícilmente se sustraen a la tentación de aprovechar su posición en el servicio público para obtener ganancias personales ilícitas.

En otras palabras, la estadística relativa al número de exalcaldes que, en Coahuila, han sido sometidos a un proceso penal que les ha costado su libertad no es indicativo de que exista un sistema robusto que combate la corrupción con eficacia.

Tampoco es indicador de que la acción de las instituciones teóricamente diseñadas para vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos, así como para impedir acciones como el tráfico de influencias o la obtención de beneficios indebidos a partir del manejo de información privilegiada, esté actuando como disuasor de conductas ilícitas.

¿Qué explica entonces el accionar institucional en los cinco casos que reseñamos en el reporte publicado en esta edición?

En esencia, lo que múltiples voces han dicho, desde hace mucho tiempo, en torno a la forma como la clase política mexicana concibe los mecanismos de vigilancia de la función pública: como instrumentos para garantizar disciplina política antes que para asegurar el pulcro manejo de los recursos públicos.

La afirmación anterior aplica no solamente al caso de Coahuila, sino para el país entero. En general, quienes integran la clase política mexicana desarrollan, antes que cualquier coalición para mejorar los resultados gubernamentales, redes de complicidad que les permitan obtener beneficios personales durante su estancia en el servicio público.

Y dado que las redes de complicidad sólo funcionan cuando estas garantizan impunidad, difícilmente se castigan los actos de corrupción. Así, los pocos casos que se judicializan y terminan derivando en órdenes de aprehensión que llevan a políticos tras las rejas, rara vez se convierten en casos emblemáticos capaces de transformar la cultura política del país.

A nadie debe extrañarle por ello que, a pesar de la esporádica aparición de casos en los cuales se procesa a un exservidor público por haber incurrido en conductas ilícitas, la corrupción, al menos desde la perspectiva del ciudadano que observa la vida pública, siga gozando de cabal salud.