Huachicol, ¿un problema imposible de resolver?

Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en México se le “declaró la guerra” al huachicol, es decir, al robo y comercialización de combustibles extraídos de forma ilegal de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), la mayoría de las veces perforando sus ductos.

Todos recordamos que en aquella ocasión se nos dijo que el problema era muy grave, que se había dejado crecer durante la época “del gobierno neoliberal” y que el gobierno de la transformación traería la solución. Tan grave era la situación que se registró un periodo de desabasto de combustible pues, para evitar el robo, el Gobierno de la República no encontró mejor estrategia que cerrar los ductos y trasladar el combustible por tierra.

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Poco tiempo después, y durante todo el sexenio, se nos dijo una y otra vez que el problema había sido resuelto y que el caso del huachicol constituía una de las muestras de cómo un gobierno comprometido con la administración honesta de los recursos públicos era lo que necesitábamos para superar los graves rezagos que arrastró largamente el país.

Recuperar la historia reciente del fenómeno es obligado porque sólo de esa forma puede dimensionarse cabalmente lo que ocurre hoy, un sexenio después de que se declarara la “guerra al huachicol”. Y es que, de acuerdo con las cifras del propio Gobierno, el asunto está peor que nunca.

Baste para dimensionar las cifras que se incluyen en el reporte periodístico que publicamos en esta edición: el número de tomas clandestinas detectadas en territorio coahuilense alcanzó su mínimo histórico justamente en el año 2018, es decir, en el momento de la transición. Para el año 2024, dicha cifra se ha multiplicado más de 12 veces... y estamos hablando de datos parciales.

En efecto, de acuerdo con datos proporcionados por Pemex, en 2018 se detectaron en Coahuila apenas 31 tomas clandestinas. Pero en los primeros siete meses de 2024, es decir, apenas seis años después, la cifra ya va en 390, lo cual apunta para marcar un máximo histórico.

Se trata de cifras que no se habían visto ni siquiera antes de que al tema se le diera la visibilidad que le otorgó el Gobierno de la República a partir de 2018. Una primera lectura a la cual obligan dichos números es que, lejos de haberse resuelto, el problema se agravó.

¿Cómo puede empeorar un problema al que las autoridades dicen dedicarle atención prioritaria, no solamente visibilizándolo, sino incluso promoviendo el establecimiento de penas más duras para quienes incurran en dicha conducta?

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No hace falta ser demasiado perspicaz para concluir que tal realidad solamente puede explicarse a partir de la existencia de un comercio ilegal de combustible que es “protegido” por quienes debieran encargarse de combatir dicha actividad, es decir, por los propios representantes gubernamentales.

La explicación alternativa no es mejor: si el problema ha crecido a pesar de la estrategia desplegada por las autoridades, entonces estaríamos hablando de un ejemplo extraordinario de incompetencia que debiera ser igualmente investigado y sancionado. Mientras tanto, el fenómeno, según parece, se sostiene en el renglón de los problemas irresolubles.