Infamia: La farsa electoral del Poder Judicial en Coahuila

“La ley es tela de araña, en mi ignorancia lo esplico: No la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rumpe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos” (sic). La frase del libro “Martín Fierro”, de José Hernández, me ha venido retumbando en el oído, seguro de que no es tinnitus, sino esa sensación de ver perdido el esfuerzo de protestar ante el agravio legaloide que encumbrara en el Poder Judicial del estado a figuras impresentables debido a su entreguismo a los poderosos y derivado de su torpe proceder en las funciones de la justicia en Coahuila.

Refería en la entrega anterior la figura de grandes juristas que hicieron de la profesión una verdadera vocación de servicio, basada en la equidad y en la aplicación de la justicia a los casos concretos presentados.

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Recuerdo fresco es la figura de don Vicente Valerio Rodríguez, ya nonagenario, en una fotografía del Sol del Norte, que lo retrata oyendo el juego de beisbol de los Saraperos en un receso del pleno, a donde era invitado a fin de expresar consejo jurídico sobre algún asunto delicado, máxime que se trataba de un magistrado jubilado hacía varios años en los 80 del pasado siglo.

¿Qué van a saber de ciencia jurídica y, sobre todo, de criterio la planilla de candidatos a magistrado que pasó el filtro o la criba de la utilidad y el compromiso, salvo honrosas excepciones, para ejercer el cargo de custodio de la justicia en esta tierra? Sólo aplicar una ley de las de tela de araña descrita.

Mencionaba que el proceso de elección judicial de Coahuila está plagado de irregularidades que inician con la convocatoria misma, que no solamente es violatoria de los derechos humanos y constitucionales, sino que es discriminativa y desequilibrada. Vamos por partes.

La Constitución del estado en su artículo 138, modificado en diciembre de 2024, establece como requisito para ocupar el puesto de magistrado del Tribunal Superior de Justicia que el candidato debe: “Contar con la certificación de perfil judicial idóneo, por parte de la institución que se encargue de la formación judicial del Poder Judicial del Estado, en los términos que disponga la Ley”.

Y para ello, un abogado postulante deberá presentar y aprobar un examen extenso de conocimientos, lo que no ocurre con los actuales ocupantes de la magistratura, quienes tienen un pase automático, aun cuando en su currícula exhibida no tengan mayor experiencia en la carrera judicial que el hecho de haber sido nominados por el Ejecutivo a pago de favores políticos y protesta de sumisión, debido a que la Constitución aplicable al momento de su designación NO refería ese requisito de idoneidad al perfil judicial.

De esta manera se han colado directamente a la elección popular un magistrado que tiene como antecedente haber sido secretario de ayuntamiento y candidato perdedor a una alcaldía; otro que fue secretario del Ejecutivo del estado y tránsito en cargos administrativos del mismo; aquel que fue operador político del PRI y funcionario de la Fiscalía estatal; otra más que fue consejera del Ejecutivo en tiempos de las leyes más retrógradas y que disolvían a la sociedad. Sólo por mencionar algunos ejemplos de las personitas que aparecerán en las boletas en la jornada de junio de este año.

La segunda trastada de la reforma a la ley, que trae consigo la trampa, es la referente a la boleta electoral en la que aparecerán las ternas de cada puesto, pues en ellas serán colocados estratégicamente los funcionarios judiciales ya palomeados por la tríada Manolo-Riquelme-Rubén, junto con otros de menor popularidad. Y el día de la elección, las hordas del PRI y sus operaciones carrusel en las colonias alentarán la manera en que los beneficiarios de los apoyos paupérrimos deberán votar. ¡Y asunto arreglado!

En el Poder Judicial ya hasta una magna ceremonia hubo para ungir al próximo presidente, que resultará el mismo actual, sólo que “legitimado” por el pueblo bueno y sabio que recibe las ayudas de Mejora. Haya cosa.

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Seremos testigos de una farsa electoral que ratificará a las mismas caras y, por ende, al mismo sistema de justicia entregado al capricho del Ejecutivo y del circulante monetario.

A ver de a cómo viene la tarifa para arreglar a juececillos balaceras; hoy es de un litro de fresca, una botella de Jimador y un kilo de chicharrón de la Ramos.

Protesto, pues encabronado por la patraña y no guardaré silencio a semejante maraña. La ley es tela de araña en mi tierra.