Investigación científica ¿realmente nos importa?

Invertir en investigación científica y tecnológica es, en el mundo moderno, una de las asignaturas que más deben importar a las sociedades democráticas porque de ello depende la posibilidad de instalarse en el terreno de la competitividad global.

Pero el término que importa en la oración anterior es “invertir”, es decir, destinar recursos al financiamiento de proyectos que persigan ensanchar las fronteras del conocimiento.

En otras palabras, la condición obligada para participar en ese proceso que hemos dado en llamar progreso, es que en los presupuestos públicos existan partidas presupuestales a las cuales puedan recurrir quienes tienen propuestas de investigación.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al hecho de que el Gobierno de la República ha drenado los presupuestos destinados a financiar proyectos de investigación, de acuerdo con el director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), Mario Valdés.

Peor aún: el único financiamiento que a nivel estatal se tiene en este momento, ha señalado el funcionario, proviene de las multas impuestas a los partidos políticos y que, de acuerdo con una regla establecida en el presupuesto desde hace varios años, deben destinarse a la investigación científica y tecnológica.

En otras palabras, para que un proyecto de investigación pueda financiarse en nuestra entidad, es necesario que los dirigentes y candidatos de los partidos cometan un acto ilegal, algo que todos preferiríamos que no ocurriera.

“A nivel nacional no hemos recibido recursos, ahorita no hay, los recursos y apoyos que teníamos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología este año fueron cerrados, no hay ningún apoyo a excepción de becas para jóvenes que están estudiando posgrados en el extranjero”, dijo el titular del Coecyt.

No es un hecho anecdótico sino una realidad que debiera preocuparnos a todos, pues la ausencia de inversión en estos rubros implica que perdemos oportunidades para desarrollar conocimiento que, aplicado a la solución de los problemas cotidianos, contribuye a la generación de riqueza colectiva.

No estamos hablando de una asignatura que deba dejarse a la fuerza del mercado, sino que debe ser parte de una estrategia de crecimiento nacional cuya conducción corresponde al Estado. Formar y consolidar un cuerpo nacional de científicos debiera ser una meta a la cual destináramos todos los recursos posibles.

La diferencia entre avanzar al estatus de nación desarrollada y seguir alineando en el conjunto de los pueblos que solamente pueden competir en el mercado global merced a su mano de obra barata, está constituida por la inversión en proyectos de investigación en ciencia y tecnología.

Cabría esperar que esta simple ecuación sea comprendida por quienes tienen a su cargo la confección del presupuesto público federal y que dicha comprensión se refleje en la rectificación de la actitud asumida en los últimos años.