La búsqueda de las personas desaparecidas: una agenda ciudadana

POR: Ricardo Martínez Loyola

En diciembre de 2011, la administración que recién iniciaba en el Ejecutivo del Estado de Coahuila reconoció que existía un problema grave con relación a la desaparición de personas. Este reconocimiento se anticipó al Informe de Misión que posteriormente emitió el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas.

En el documento, el grupo de trabajo recomendaba que se reconociera la dimensión del problema de la desaparición forzada, como el primer paso necesario para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación. Por ello, ese acto de contrición política, realizado por el ejecutivo, significó un gesto que favoreció que las familias de personas desaparecidas decidieran entablar un diálogo dirigido a construir una política pública en la materia. En los años siguientes, las recomendaciones de este Informe constituyeron las bases e insumos de esa agenda.

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En la construcción de la legislación, las familias concluyeron que era necesario contar con instituciones que se encargaran exclusivamente de la búsqueda, pues advirtieron que la propia naturaleza de las fiscalías hacía que priorizaran la investigación del delito y a la determinación de los probables responsables, pero dejaban relegadas las acciones de búsqueda.

Consecuentemente, las familias determinaron la creación de comisiones de búsqueda; concebidas como organismos que, adscritos al ejecutivo, se encargaran de coordinar e implementar las estrategias y acciones para la búsqueda de personas desaparecidas.

En el ámbito local, el proyecto de la ley en la materia, resultado del trabajo de las familias, fue presentado al Congreso del Estado; empero, en medio de ese proceso legislativo, nuevamente se renovó el poder ejecutivo, lo que generó la preocupación generalizada de los colectivos sobre la continuidad de las políticas públicas. Sin embargo, en enero de 2018, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió con la totalidad de los colectivos y expresó su compromiso para continuar con los trabajos que se venían adelantando y avanzar en los pendientes que subsistían.

A partir de ahí, se retomaron las tareas que se encontraban inacabadas; una de ellas fue, precisamente, la promulgación de la Ley en Materia de Desaparición y la instalación de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La Comisión de Búsqueda fue resultado del trabajo de las familias que, en consenso, definieron los componentes que esta debía tener. Es claro que la apertura y el trabajo de las familias es el elemento fundamental en los avances alcanzados por la Comisión de Búsqueda; este modelo de trabajo nos permitió contar con componentes que no fueron incluidos en la legislación nacional para estas instituciones.

Ejemplo de esto es el grupo de agentes de investigación criminal comisionados para la realización exclusiva de tareas de búsqueda, en la Comisión, y el Centro Regional de Identificación Humana como apartado forense de aquella. Asimismo, el trabajo con las familias ha significado para la Comisión de Búsqueda avances sustantivos en el desarrollo de metodologías que priorizan en análisis de contexto, la acumulación de casos para su estudio desde el enfoque de la macrocriminalidad y de informes que permiten elaborar nuevas propuestas de estrategias para la búsqueda de las personas.

El compromiso del Ejecutivo del Estado se ha reflejado en los recursos materiales y humanos que se han dirigido a la Comisión. El uso de tecnologías como georradares, drones, equipos de GPS, cámaras acuáticas y de largo alcance, así como de vehículos para la búsqueda, permiten que ante el reporte de la desaparición de una persona se desplieguen de manera inmediata las acciones dirigidas a su localización.

Esos esfuerzos nos permiten advertir algunos hallazgos positivos: durante esta administración la Comisión de Búsqueda ha recibido mil 217 reportes de casos recientes y, a través de las acciones de búsqueda, ha sido posible localizar 932 personas, es decir, en casi en el 80 por ciento de los reportes que se reciben actualmente se tiene un resultado de localización.

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Sin embargo, también es indispensable señalar los desafíos que subsisten: de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Coahuila hay 3 mil 442 personas desaparecidas, principalmente durante el periodo de 2005 a 2014; sin perjuicio de reconocer que a la fecha existen casos que se siguen sumando a esa cifra.

Por ello, esta etapa de transición debe propiciar la reflexión y determinación de dónde estamos: para reconocer con humildad, compromiso y profesionalismo que aún tenemos una deuda con miles de familias que buscan a sus seres queridos.

Por eso, también es valioso el espacio recientemente generado entre el gobernador actual y el gobernador electo con los Colectivos de la entidad. Por un lado, porque ha permitido a las familias presentar las preocupaciones y demandas que conciben deben ser atendidas por la administración entrante y, por otra parte, porque para quienes desempeñamos un servicio público en esta materia, no existe un diagnóstico más claro y preciso sobre nuestro trabajo.

El autor es el titular de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH