La carrera contra democracia participativa. Strike dos: El INAI
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Esta semana pasó algo inédito. El presidente López Obrador ejerció su facultad de vetar a los dos nombramientos de Comisionados del INAI. ¿Qué significa esto?, ¿por qué es importante?
Para nadie es un secreto, que después del INE, el INAI es el organismo que no es muy fan López Obrador desde la campaña, por no decir que lo odia; en general, ninguno de los órganos autónomos es de su agrado. Por ende, decidió decir No a quienes ya habían sido acordados por la Cámara Alta. Más allá de analizar los perfiles de estas propuestas del Senado, quisiera centrarme en lo que significa políticamente y la repercusión que tiene para el INAI.
El INAI es un órgano colegiado. De acuerdo a la Ley de Transparencia del 2014, tiene 7 Comisionados y Comisionados que deben reunirse, al menos 5, para tomar las decisiones administrativas y sustantivas. Básicamente desde cómo pagarle a los empleados hasta resolver los recursos de revisión, que no es otra cosa que cuando un ciudadano o ciudadana le pregunta algo al gobierno y éste no le quiere decir o darle la información, el INAI tutela el derecho a saber y a la transparencia, obligándolo e/o imponiéndole sanciones al respecto. Los miembros del Pleno del INAI se renuevan de manera escalonada a través de un proceso riguroso de selección por parte de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República y después deben ponerse de acuerdo y ser votados por lo menos 2/3 partes del Senado.
Entonces lo que pasó es que el 31 de marzo, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas termina su periodo, y solo quedarán 4 Comisionadas y Comisionados a partir del 1ero de abril.
Si bien es cierto, que el Senado de la República puede mandar otras dos propuestas. Sin embargo, si para el 31 de marzo no hay nombramientos de los nuevos y nuevas Comisionadas no será posible que sesione el Pleno del INAI, por ende, queda inoperante de manera sustantiva.
En términos del calendario es casi imposible que eso ocurra, porque el veto ocurrió exactamente un día antes de que se pudiera presentar la objeción al proceso. Entonces, en las próximas dos semanas debe hacer otra selección la Comisión, votarla ante el Pleno y esperar a que López Obrador no vuelva a vetarlo; si vuelve a vetar, tendría que volver a empezar, puesto que a la tercera vez ya no tiene posibilidad de veto el Presidente según la Ley.
Esta conversación no es si López Obrador podía vetar o no a las propuestas del Senado o si son o no los mejores perfiles, o si se arreglaron Morena o el PAN, o el PRI. Se trata de la consecuencia directa que tiene en el funcionamiento del único organismo que protege el derecho al saber y trabaja contra la corrupción.
El derecho a saber es un derecho humano que protege la libertad que tenemos todas y todas que vivimos una democracia participativa en donde tenemos la capacidad de opinar y conoce qué hace y qué deja de hacer el gobierno. Es uno de los logros que ha tenido la sociedad civil después de décadas de lucha para construir un gobierno más abierto, más transparente, más responsable y más ciudadano. Ningún presidente o representante público debe estar arriba de ese fin último. Construir la democracia que queremos depende de las acciones que hagamos hoy. Necesitamos más Ciudadanos de Tiempo Completo.