Las personas desaparecidas en México, mucho más que una cifra

La desaparición forzada o involuntaria de personas es, sin duda, una de las más graves violaciones a los derechos humanos. Su práctica vulnera múltiples derechos, no sólo de las víctimas desaparecidas, sino también de sus familias y seres queridos, afectando además a la sociedad en general.

En ese sentido, la desaparición es uno de los principales retos a los que se enfrentan los países que sufren las consecuencias de su práctica. Debido al preocupante aumento de casos de personas desaparecidas, así como por el creciente número de denuncias por hostigamiento, intimidación y amenazas –en contra de familiares de personas desaparecidas y personas defensoras de derechos humanos–, la Asamblea General de la ONU decidió declarar el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

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La desaparición de personas no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de países de América Latina, pues se sostiene que comenzó a practicarse en la ex-URSS y en la Alemania Nazi. No obstante, ha sido en los países latinoamericanos en donde la problemática lamentablemente ha alcanzado niveles críticos, al punto de que incluso hoy en día cuando se escucha el término “desaparecido” mayormente se identifica a los casos ocurridos durante las dictaduras militares del cono sur.

México no es ajeno a esta realidad pues, en distintas etapas de la historia reciente del país, se han sufrido las graves consecuencias de la desaparición de personas. Las causas y las características del fenómeno en México han ido cambiando, así como las víctimas y los victimarios, pero los daños y afectaciones se han mantenido. Además, durante décadas, los casos de personas desaparecidos se han acumulado.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, actualmente más de 111 mil personas están desaparecidas. No obstante, la cifra no necesariamente refleja la realidad. A dicha cantidad deben sumársele los casos que no se denuncian o que no son adecuadamente registrados. También deben contarse como víctimas a las familias y seres queridos de las y los desaparecidos. Pues ellas son quienes, además de resentir la ausencia de su familiar, se enfrentan a un tortuoso camino en su búsqueda.

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Así mismo, es necesario tener presente que la desaparición genera en las víctimas múltiples y muy graves afectaciones o daños que deben repararse. Si bien el proceso para la atención de las problemáticas que se originan con la desaparición así como la reparación de los daños no es sencillo, es un derecho de las víctimas y una obligación de las personas responsables.

El reconocimiento de los derechos de las víctimas no ha sido una concesión graciosa de las autoridades, sino producto de la exigencia y luchas sociales. A través de marchas, comunicados, mesas de diálogo y trabajo –entre muchas formas más–, las familias de las personas desaparecidas en México son quienes han logrado posicionar una agenda para la búsqueda, localización y regreso de sus seres queridos, pero también para conocer la verdad y acceder a la justicia.

Ejemplo de lo anterior es el caso coahuilense, en donde por más de diez años las familias han generado e impulsado un modelo de diálogo con las instituciones, lo que ha permitido alcanzar resultados significativos. Por ejemplo, se han concretado reformas legislativas para el reconocimiento y protección de derechos; se han creado y fortalecido instituciones encargadas de la investigación y búsqueda; se han desarrollado espacios para el análisis público, académico y jurídico del fenómeno; y se han materializado políticas públicas de atención prioritaria como el Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (Profade).

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No obstante, a más de una década de trabajo, las familias continúan luchando y exigiendo sus derechos, que sólo serán garantizados cuando sus seres queridos estén de regreso en casa y las personas responsables sean sancionadas.

Es por todo lo anterior que, como sociedad en general, debemos ser empáticos con el problema. Conocerlo, identificarlo y unirnos a la exigencia de las familias para el cese de la práctica, así como la protección de los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias. ¡Hasta encontrarles!

carloszamora@uadec.edu.mx

Twitter: @carlos_zamorav

El autor es Coordinador General de la Academia Interamericana de Derechos Humanos

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH