Las palabras y las razones resultan insuficientes para describir el atroz crimen cometido contra Dante, Diego, Jaime, Roberto y Uriel en Lagos de Moreno el pasado 11 de agosto. No sólo la desaparición de estos jóvenes resulta impactante, sino también la amplia difusión en redes sociales de su secuestro y su presunta muerte. Este tipo de estrategia y propaganda pueden catalogarse como un acto de terrorismo que, más allá de un posible intento de reclutamiento, busca sembrar intranquilidad y temor en la sociedad civil.
Frecuentemente asociamos el terrorismo con actos de violencia masiva, como el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, en México y en varios países de América Latina, los carteles y el crimen organizado también emplean tácticas terroristas como estrategia para reducir los riesgos de perder su dominio efectivo e informal en los territorios relacionados con la producción y el tráfico de drogas ilícitas. Por ello, quizás sea pertinente investigar sobre estas acciones que afectan profundamente a la sociedad civil.
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Según las Naciones Unidas, un acto terrorista se caracteriza por la intimidación o coerción hacia poblaciones o gobiernos a través de amenazas y el incremento de la violencia. La intención de provocar un estado de terror, su carácter premeditado y la naturaleza indiscriminada de sus objetivos son algunas de las características clave de este tipo de crimen.
El crimen organizado ha encontrado en las redes sociales una herramienta sencilla y efectiva para propagar el terror, no sólo en territorios bajo su control informal, sino también a nivel nacional e incluso internacional. Según el Instituto de Investigaciones Interregional sobre Crimen y Justicia, las redes sociales se han consolidado como un mecanismo útil para potenciar sus agendas.
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Un término vinculado a esta estrategia es el “terrorismo asimétrico” o “terrorismo de baja intensidad”. David Rapoport y Robert Pape son autores que han profundizado en este ámbito. En “The Four Waves of Modern Terrorism”, Rapoport examina distintas etapas del terrorismo, mientras que Pape, en “Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism”, se centra en las tácticas de terrorismo suicida. Ambos analizan cómo grupos con recursos limitados, o que no disponen de un ejército o poder militar comparable al de un país, pueden realizar actos terroristas que, aunque sean puntuales, generan impactos significativos en la percepción pública, psicológica y política.
Los actos terroristas, ya sea que provengan de grupos criminales u organizaciones con intenciones políticas, pueden desencadenar un impacto profundo tanto en las víctimas directas como en las indirectas y en la sociedad. La difusión de estos actos delictivos en redes sociales, por citar un ejemplo, genera un efecto psicológico en la población civil, intensificando el temor y la ansiedad.
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La difusión de imágenes impactantes y videos de ejecuciones crueles, como sucedió en el caso de Lagos de Moreno, provoca una sensación de vulnerabilidad y desconfianza, independientemente de dónde nos encontremos. Con un simple clic y su posterior reenvío, el terror se propaga de manera sencilla y sin costo para los carteles. Estos nuevos actos de barbarie merecen nuestro rechazo, pero también es esencial reconocer el creciente uso de las redes sociales por parte del narcotráfico y la violencia ligada a las drogas ilícitas.
Es importante que el Estado reconozca estas nuevas estrategias de difusión por parte del crimen organizado y tome medidas para mitigar el terrorismo digital. También es crucial que las personas sepan del efecto de ver y compartir este tipo de contenido en redes.
La autora es investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de la Academia Interamericana de Derechos Humanos
Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH
