Coahuila: Pide Moreira llenar vacío legal que deja en riesgo a escuelas en disputas familiares
Ante el creciente número de divorcios en México, el diputado local Álvaro Moreira propuso enviar un exhorto al Congreso de la Unión con el fin de impulsar reformas procesales que garanticen mayor seguridad jurídica a las instituciones educativas y protejan los derechos de niñas, niños y adolescentes en casos de controversia familiar.
Moreira destacó la necesidad de que las escuelas sean notificadas de manera oficial sobre cualquier restricción legal relacionada con el régimen de visitas y convivencia que afecte a los padres o madres de familia, derivada de procesos de separación o divorcio.
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“Primero es proteger a los niños, pero también proteger a los que están a cargo de ellos, en este caso las escuelas”, enfatizó el legislador.
Recordó que, en los casos de divorcio, aunque los derechos y responsabilidades de los padres hacia sus hijos pueden modificarse, no desaparecen. Sin embargo, cuando existen medidas judiciales que limitan el contacto con uno de los progenitores, estas no siempre son comunicadas formalmente a los planteles escolares, generando un vacío legal que pone en riesgo tanto a los menores como a docentes y directivos.
De acuerdo con datos del INEGI, el número de divorcios en México se ha triplicado en los últimos 23 años. Esta tendencia ha provocado un aumento en los conflictos sobre custodia y régimen de visitas, áreas que la ley regula buscando siempre el interés superior de la niñez.
El artículo 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que todos los menores tienen derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares, salvo que una autoridad jurisdiccional determine lo contrario por razones de seguridad o bienestar.
No obstante, las resoluciones judiciales en materia de custodia y visitas generalmente obligan únicamente a las partes involucradas, lo que deja a las instituciones educativas en una posición ambigua al momento de decidir si entregan o no a un menor a uno de sus progenitores.
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En algunos casos, esta situación ha derivado en conflictos legales, e incluso en imputaciones penales por supuesta retención o sustracción de menores.
“Se considera de gran relevancia ahondar en la regulación procesal que permita dar mayor certeza a las instituciones educativas y docentes, informándoles o notificándoles de manera oficial sobre las restricciones derivadas de una controversia familiar”, señaló Moreira.
La propuesta busca que, a nivel federal, se sienten las bases legales para diseñar protocolos de acción que garanticen los derechos de la infancia y, al mismo tiempo, proporcionen certeza jurídica a los docentes frente a decisiones delicadas.
