Los altos costos de la popularidad en el gobierno obradorista

Como cada año, el mexicanísimo mes de septiembre inició con el informe del Presidente de la República sobre el estado que guarda la administración federal. En esta ocasión, el Estado del jaguar, Campeche, fue el escenario para cumplir con el ya conocido protocolo del mensaje a la nación. Cual si se tratara de una “mañanera” con esteroides y fiel a su estilo, el mandatario se refirió al humanismo mexicano; al hacerlo, subrayó el éxito obtenido en el combate a la pobreza. Afirmó que la corrupción estaba prácticamente desterrada y nuevamente culpó a los gobiernos del pasado de cualquier mal que nos haya aquejado, nos aqueje y nos aquejará. Defendió su estrategia de seguridad y, pese a los datos oficiales, aseguró que se han alcanzado positivos resultados en la materia.

Endureció, aún más, el discurso en contra del Poder Judicial y, como en una campaña electoral que no tiene fin, tuvo ácidas menciones para sus adversarios políticos. Pero el logro que más se destacó fue el de la popularidad con la que arribó el gobernante a su quinto informe. Cierto, según los ejercicios realizados por prestigiosas casas encuestadoras del país, la aprobación de la gestión presidencial ronda el 60 por ciento, es decir, seis de cada diez mexicanos aprueban el desempeño del mandatario nacional, lo cual –habrá que reconocerlo– no es cosa menor y, sin duda, motiva la envidia de sus homólogos en otras latitudes. Lo que en todo caso resulta alarmante es que, en un país como el nuestro, la popularidad del gobernante se considere una conquista del Gobierno; ello, porque los altos niveles de aceptación popular no son indicativo del cabal cumplimiento de las funciones que a este le fueron encomendadas.

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Trataré de explicarme.

En nuestro sistema, el Presidente es a la vez el jefe del Estado y el jefe del gobierno; en el segundo de los aspectos, el titular del Poder Ejecutivo tiene la nada fácil tarea de administrar los recursos públicos federales de manera eficiente, eficaz y transparente. Dicho de otra forma, los dineros de todas y todos deben destinarse a la atención efectiva de las necesidades de la población. Surge entonces la pregunta: a quien confiamos el manejo de nuestro dinero ¿está desempeñando adecuadamente esa labor? Por supuesto, la mejor opinión la tendrá usted, amable y única lectora, pero permítame mencionar a −guisa de ejemplo− el problema financiero que han representado las obras insignia del actual régimen.

Mientras que la inversión en infraestructura brilla por su ausencia en gran parte del territorio nacional, principalmente en los estados del norte, grandes cantidades de dinero se ponen a disposición de un puñado de obras que son una constante en el discurso presidencial. En 2019, inició la construcción de la terminal aérea en la base de Santa Lucía. Inicialmente, la obra costaría la friolera de 75 mil millones de pesos, sin embargo, tuvo un sobrecosto por encima del 23 por ciento; ello, sin contar los más de 300 mil millones de pesos que −de acuerdo con la ASF– se erogaron debido a la cancelación del proyecto aeroportuario en Texcoco. La rentabilidad del Aeropuerto Felipe Ángeles no fue la esperada y, hasta el día de hoy, apenas registra entre 30 y 37 vuelos diarios.

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Por su parte, la Refinería de Dos Bocas también ha presentado retrasos y sobrecostos. Aunque ya fue inaugurada y se ha venido posponiendo el día en que el principal proyecto energético de la 4T arranque operaciones, lo cierto es que a la fecha ahí no se refina; además, queda pendiente la construcción de la planta combinada y la coquizadora y, por si fuera poco, de acuerdo con el reporte trimestral de la Auditoría interna de Pemex, el proyecto ya ronda los 17 mil millones de dólares, el doble de lo previsto originalmente. Un botón más de muestra: el Tren Maya será inaugurado en diciembre de 2023 llueva, truene o relampaguee, sin embargo, la Sedena reconoció que los tramos 5, 6 y 7 no llevan ni la mitad de avance. Además, en 2024 se contempla la inyección de más recursos para obra, por lo que esta tendrá un sobrecosto del 208 por ciento (no leyó usted mal, ¡208 por ciento!).

Aquí en confianza, ¿será por lo anteriormente expuesto que el Presidente envió al Congreso un paquete fiscal para enfrentar el cierre de su sexenio que incluye un proyecto de prepuesto histórico de 9 mil billones de pesos, pero también un endeudamiento sin precedentes que equivale al 5.4 del PIB nacional? Esa es la pregunta que nadie quiere hacer. Lo dije antes y lo reitero ahora, la popularidad cuesta, y cuesta mucho. Ahí se los dejo para la reflexión.

Nota. Lo antes expuesto representa la opinión personal del autor