Morena: Hacia un estado policial. Avanza la 4T a la consolidación de su poder

En México, Morena, el partido en el poder, corre apresurado para convertirse en un Estado totalitario de corte policial, en el cual nuestros derechos humanos fundamentales serán exterminados e incinerados poco a poco. Para ello, utilizará el pánico colectivo contra el crimen organizado para trazar un plan de control total que le permita vulnerar nuestros derechos humanos hasta su médula. En el futuro próximo todo lo que hagamos, digamos o pensemos, estará sometido a un permanente escrutinio por parte del Estado.

Enumero a continuación los rasgos de ese Estado en proceso de construcción desde 2018, cuando “se implanta constitucionalmente un presidencialismo omnipotente y avasallador”, de acuerdo con Erubiel Tirado, académico de la Ibero y especialista en derecho constitucional (18-05-2024).

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1) La militarización representó “un cambio profundo en la estructura de la seguridad pública de México porque consolidó la militarización de la Guardia Nacional al incorporarla al sistema militar, eliminando su carácter civil y subordinando su mando al Ejército y a la Secretaría de la Defensa Nacional”. ¿La excusa? Desde la política, vigente en su momento, de “abrazos, no balazos”, “fortalecer las capacidades operativas y militares de la Sedena bajo una estructura de disciplina militar, con la intención de enfrentar de manera más eficaz los retos de seguridad en el país”.

2) El populismo penal de la reforma judicial permitirá a Morena tener el control político del Poder Judicial. De hecho, la elección popular de autoridades judiciales, “filtrada por intereses políticos y la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, debilitará la protección de los derechos humanos para dejar a los mexicanos expuestos a la impunidad y el abuso”. ¿La excusa? La corrupción revestida de impunidad del Poder Judicial, aunque “la abrumadora mayoría de los casos de impunidad en México no son atribuibles a las autoridades judiciales, sin soslayar casos puntuales de corrupción. La impunidad ocurre principalmente en la etapa de investigación por parte de las fiscalías” (WOLA: 20-08-2024).

3) La reforma a la Ley de Amparo significa, como lo precisa el ministro en retiro, José Ramón Cossío, “un retroceso al siglo 19”, al limitar el alcance de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de normas generales porque deja en la indefensión a millones de mexicanos que pudieran “haberse salvado de despojos o expropiaciones ilegales, de no tener medicamentos, de no tener insumos en salud, de no tener educación...”. ¿Cómo, la mayoría de esas personas, podrán ahora pagar un abogado y promover su propia demanda de manera individual cuando algún derecho les sea violentado o restringido? ¿La excusa? Corregir excesos de dicha Ley que protegía los derechos colectivos contra proyectos estratégicos de la 4T, tales como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, que lesionan el interés social y medioambiental.

4) En días pasados, los diputados aprobaron dos dictámenes de reformas para expedir la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la del Sistema Nacional de Investigación en materia de Seguridad Pública.

Ambas otorgan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) un acceso ilimitado a datos personales para combatir al crimen organizado. La primera ley implica la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil con acceso total a las instituciones de seguridad para obtener pruebas en los casos de extorsión o secuestro.

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La segunda ley permite que la SSPC solicite información a todas las dependencias del Estado y empresas privadas (registros vehiculares, biométricos, fiscales, telefónicos, inmobiliarios y de armas) para aplicar medidas de inteligencia y contrainteligencia, detectar y combatir el crimen organizado. La SSPC creará “un sistema de interconexión con la FGR, Sedena, Marina, INE, SAT, UIF y registros públicos para centralizar la información”. ¿La excusa? Combatir de manera más eficaz al crimen organizado.

Morena avanza en el control policial desde los poderes militar, Ejecutivo, Legislativo y Judicial en detrimento de nuestros derechos humanos fundamentales. ¿La excusa? Edificar el segundo piso de la 4T.