Nuevos partidos, ¿vienen a fortalecer la democracia?

Uno de los derechos políticos que la Constitución de nuestro país le reconoce a los ciudadanos mexicanos es el de asociarse. Ello implica, entre otras cosas, intervenir de forma colectiva en la conducción de los asuntos públicos. Y una de las formas de intervenir en los asuntos públicos es integrando partidos políticos.

Desde esta perspectiva, el derecho de asociación constituye uno de los elementos más relevantes de la vida comunitaria y se ubica en la base de la organización democrática de la sociedad. Por eso mismo se trata de un derecho fundamental que debe ser protegido y garantizado.

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Pero existe una distancia importante entre reconocer la relevancia de un derecho −lo cual incluye abogar por su garantía− e ignorar los excesos cometidos por quienes, al amparo de la norma, ejercen de forma abusiva sus derechos en perjuicio de la comunidad.

Es el caso de múltiples organizaciones que en el pasado se han constituido como partidos políticos −a nivel nacional y estatal− con el único propósito, según evidencian sus acciones, de que sus líderes se beneficien de manera personal mediante el uso ilegal de los recursos públicos que la ley ordena entregar a los partidos.

Ese tipo de organizaciones, aun cuando su existencia esté basada en el ejercicio de un derecho constitucional, no contribuyen al perfeccionamiento de la democracia y, antes al contrario, socavan los cimientos de nuestra organización social destruyendo la confianza ciudadana.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la intención −manifestada de manera formal ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC)− de siete organizaciones civiles para convertirse en partidos estatales.

Y es que entre quienes buscan obtener un registro −y acceder con ello a prerrogativas económicas− se encuentra el grupo que orbita alrededor de un supuesto “líder social” que cuenta con múltiples antecedentes negativos en la entidad: Édgar Puente Sánchez.

Otrora dirigente del extinto Partido Joven, Puente Sánchez constituye el ejemplo perfecto de un individuo que abusa del ejercicio de sus derechos. La cauda de conductas indebidas que se le imputan es larga y las deudas que, literalmente, mantiene con el sistema electoral son numerosas.

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El historial de este presunto líder social es ampliamente conocido y es un ejemplo de lo que implica atentar contra las instituciones democráticas. Por ello, en su caso tendría que existir un cuidado particular para impedir que, teniendo derecho a promover la existencia de un nuevo partido político, se le abra nuevamente la puerta para incurrir en conductas ilegales.

En las sociedades democráticas todo mundo debe tener derecho de asociarse para perseguir fines lícitos, pero quienes han defraudado la ley y utilizado las reglas de la democracia para beneficiarse de manera personal a costa de la comunidad deben ser señalados y, en su caso, sufrir la restricción de sus derechos como castigo a su conducta.