Política industrial para la relocalización y sus efectos

Contrario a la perspectiva neoliberal, en materia económica el Estado puede tomar decisiones que impulsen el crecimiento económico sostenido, políticas que impliquen inversión pública en infraestructura productiva que propicie inversión directa y garantice perspectivas de acumulación en diversas actividades económicas.

Las entidades estatales del ramo pueden diseñar, operar, direccionar y evaluar iniciativas y programas dirigidos a actividades específicas, con apoyos e incentivos fiscales, recursos financieros a tasa preferencial, incluidas estrategias de protección arancelaria y hasta posibles subsidios, para impulsar cadenas productivas y de distribución, asimismo generar empleo con salarios dignos para fortalecer el consumo interno. A lo anterior deben incluirse estrategias de sostenibilidad en integración social y preservación del medio ambiente.

Históricamente, los gobiernos sexenales mexicanos han aplicado políticas de impulso a la inversión directa. Hasta el año 2018 eran cuatro estrategias para aumentar productividad: generación de ecosistemas de innovación; aumentar capacitación de acuerdo a necesidades de inversión; crecimiento sostenible y equilibrado en las regiones del país; aumento del contenido nacional en cadenas productivas. Los resultados pueden verificarse en dos aspectos, crecimiento económico y mercado interno, en lo cuales las estrategias no tuvieron impacto significativo.

Según la Secretaría de Economía, actualmente el fomento económico ha pretendido relacionar la dinámica de inversión; disminuir el rezago de pobreza; aumentar el contenido de valor nacional en cadenas productivas; desregulación y apoyo a mipymes; impulsar inversión en regiones rezagadas; entre otras. Aunque se han construido obras para atender necesidades económicas y sociales en diferentes entidades, el Gobierno federal ha privilegiado el sureste mexicano para inversión en infraestructura productiva, por otra parte, no se ha dado importancia al financiamiento público a empresas privadas.

Aun con variaciones mensuales al alza y a la baja, la tendencia del crecimiento económico de México es con tendencia positiva y las perspectivas son favorables. Por geografía hacia el mercado estadounidense, el contexto de nearshoring está favoreciendo al país. El año pasado la inversión extranjera directa fue alrededor de 40 mil millones de dólares, de la cual poco menos de 20% nuevas inversiones, lo cual muestra confianza. Según INEGI, a tasa anual, en febrero pasado la formación bruta de capital fijo en construcción aumentó 14.2% y en maquinaria y equipo 6.7%, cifras favorables para la generación de empleo que está al alza.

Si bien la relocalización se ha dirigido mayormente al norte (este y oeste) y a la región del Bajío, se debe ampliar la instalación de corredores y parques industriales en todas las regiones del país, incluida la franja del tren interoceánico; por lo anterior, es necesario aumentar la inversión pública en infraestructura industrial, de transportación y de telecomunicaciones; asimismo, investigación y capacitación ligadas al capital, sin dejar de lado la formación humanística para contribuir a la estabilidad y organización social requerida. Es necesario rediseñar la política industrial, que no solo incluya aranceles temporales a importaciones, sino también financiamiento preferencial de la banca de desarrollo, estímulos fiscales, coinversión gobierno-iniciativa privada, infraestructura económica y social, entre otros.

Respecto a política social e infraestructura urbana, en todas las entidades hay necesidades urgentes que solventar: movilidad económica y social; servicios básicos, abasto, atención a la salud y educación para atender la migración interna; prevención en materia de afectaciones al medio ambiente; entre otros. En la actual coyuntura económica no aplica la máxima neoliberal “la mejor política industrial es la que no existe”.