Crisis institucional en Parras, ¿no es un asunto urgente?
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Pareciera que la crisis institucional en Parras de la Fuente no es considerada en el Poder Legislativo de Coahuila un asunto que demanda intervención urgente, al menos en el plano político.
La confrontación entre el Presidente Municipal y los integrantes del Cabildo de Parras de la Fuente constituye, a no dudarlo, una crisis institucional que debiera ser atendida con la mayor celeridad para evitar que esta produzca más resultados indeseables.
Los elementos de la crisis, a juzgar por la información que se ha difundido hasta ahora, son suficientemente claros:
Por un lado, existe un acto concreto del alcalde Ramiro Pérez Arciniega, quien ha “destituido” a los regidores y síndicos de sus cargos y ayer salió a justificar el hecho alegando la existencia de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le otorgaría facultades para decretar el desafuero de los munícipes.
Como consecuencia de este acto, el propio alcalde habría convocado a los suplentes, a quienes ya tomó protesta, y en teoría con ello les habría dotado de las facultades para tomar decisiones como máxima autoridad en el municipio.
Por el otro, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Eduardo Olmos Castro, fijó posición ayer en torno al caso afirmando que la decisión del alcalde parrense carece de fundamento pues la única autoridad con facultades para destituir funcionarios electos es el Poder Legislativo.
Claramente estamos entonces ante una crisis institucional, pues quienes tienen la legitimidad para actuar como autoridad municipal han sido impedidos materialmente para ejercer sus funciones y quienes pretenden actuar en su lugar estarían usurpando funciones.
Adicionalmente, si el propio líder de la mayoría en el Congreso ha señalado la inexistencia de facultades por parte del alcalde para destituir a unos y tomar la protesta a los otros, se está reconociendo un acto de usurpación de funciones exclusivas del Poder Legislativo.
Pese a ello, Olmos Castro no parece encontrar motivos para actuar de inmediato en defensa de la institucionalidad vulnerada y por ello invita a los regidores “destituidos” a promover un juicio para la protección de sus derechos políticos.
Por otro lado, debido a que la legislación vigente otorga al Congreso un plazo máximo de dos meses para pronunciarse respecto de las controversias que le han sido remitidas, Olmos Castro parece considerar que, como no se ha vencido dicho plazo, el Congreso no está incumpliendo sus responsabilidades.
En otras palabras, pareciera que la crisis institucional en Parras no es considerada en el Poder Legislativo de Coahuila un asunto que demanda intervención urgente, al menos en el plano político, lo cual implicaría como mínimo designar una comisión que atienda el tema de forma inmediata.
Detrás de esta actitud se encuentran, sin duda, consideraciones de carácter político que, siendo relevantes, no pueden colocarse por encima del compromiso que todos los servidores públicos tienen de cumplir, pero también de “hacer cumplir” la Constitución y las leyes.
¿Qué hace falta para que el Congreso actúe? Esperemos que dicha pregunta no se responsa sola en la forma de hechos lamentables que pueden prevenirse.
