La reforma del Banco de México: ¿nueva política monetaria social?

El inicio del régimen de acumulación neoliberal se remonta a los lejanos años 80 del siglo XX cuando se estableció como dominante en todo el mundo ante los demás paradigmas o modelos económicos. Uno de sus mayores triunfos es en el terreno ideológico imponiendo una serie de ideas que construye una visión del mundo y sus nuevas contradicciones, bajo la afirmación de ser “la última alternativa de desarrollo” o “ el fin de la historia” por el declive de la era socialismo real de la Unión Soviética y de la era dorada del capitalismo. 

Esa construcción de ideas y concepciones representan un contexto social, económico, político e histórico que definen ciertos conceptos de las relaciones sociales. Sin embargo, influyeron en el ámbito económico que determinaban (determinan) patrones y lógicas del régimen de acumulación neoliberal, introduciendo conceptos al acervo de la ciencia y actividad económica como el concepto de “autonomía” para regir las políticas económicas, fuera del ente público como el gobierno y su escenario político. 

El postulado supremo del paradigma neoliberal es restringir la participación del Estado como eje rector de economía, limitando su participación y función dentro de las actividades económicas, para que sea un simple administrador de los recursos públicos del país -gobierno- y reducir sus inversiones en obras públicas y de desarrollo, justificándose que sus instituciones como el gobierno es ineficiente y corrupto por naturaleza y que entorpece el comportamiento natural del mercado.

No obstante, plantea que el banco central encargado de emitir papel moneda y tomar las decisiones de la política monetaria y financiera; fueran autónomas de los arbitrajes del gobierno para no obstaculizar sus funciones, ni que penetraran -según su concepción teórica- los vicios y malas prácticas corruptas e ineficientes del gobierno. 

Promulgaron que se instauraron consejos de gobierno interno y técnicos en los bancos centrales para las decisiones en materia monetaria y financiera, sin la participación del ente político-administrativo del Estado (gobierno) para que sus dictámenes fuesen objetivos con base al comportamiento del mercado, la económica y el conocimiento técnico. México no fue la excepción. 

El Banco de México -que es el banco central- se convirtió en un actor autónomo al gobierno desde 1994 que, con una junta de gobierno interno con 1 gobernador y 4 subgobernadores, teniendo como duración 8 años el primero (periodos escalonados) y 6 años los últimos. 

Sus decisiones dentro de su junta de gobierno son independientes del gobierno. No obstante, sería ingenuo pensar que el Banco de México (Banxico) no existe una mafia que controla las decisiones monetarias, financieras y bancarias que operan la política monetaria. 

La autonomía fue un cambio de forma y no de fondo, porque en la práctica se subordinaba al mismo capital extranjero y nacional que implantó una oligarquía –mafia del poder- en México que controlaba al gobierno federal antes de la llegada de la Cuarta Transformación (https://bit.ly/3rL8aOJ).

 Banxico continúa con las prácticas del viejo régimen. Sin embargo, solo beneficiaba a los grandes banqueros y a los inversionistas financieros nacionales e internacionales; perjudicando a los productores, comerciantes y más severamente al trabajador que abarataba su fuerza de trabajo. Por esa razón, el poder legislativo impulsó una reforma para iniciar un cambio de visón de la anticuada política monetaria neoliberal –porque no es autónomo del Estado-. 

La reforma a Banco de México -aprobada en el Senado por unanimidad en el mes de diciembre del 2020 y próximo a discutirse en la Cámara de Diputados para el mes de febrero de 2021- tiene como objeto que funcione como corresponsalía de última instancia. La pregunta central al momento de anunciar la iniciativa es: ¿qué es una corresponsalía? México y Estados Unidos presentan fuertes relaciones por su ubicación geográfica, además de tener una estrecha reciprocidad en el ámbito político, histórico, cultural y económico. 

Por lo tanto, existe un alto intercambio que se manifiesta en millones de dólares que entran a nuestro mercado nacional en diferentes modalidades: remesas, comercio fronterizo y actividades turísticas. Esta masa de dólares que debe ser cambiada a pesos mexicanos para desempeñar actividades económicas cotidianas en el país. 

Sin embargo, el volumen que entra procedente por remesas enfrenta restricciones para el intercambio, lo que afecta a los trabajadores o a sus familias por las restricciones del tipo de cambio -que son muy estrechas y un mercado ilegal o negro que desvaloriza el trabajo- llegando a recibir 30% o 40% debajo del índice cambiario estipulado oficialmente. Un problema severo de estas transacciones es que son consideradas de “alto riesgo” porque puede estar relacionadas con actividades ilícitas, como blanqueo o lavado dinero en las plataformas electrónicas de los bancos. Por esta razón, para que una institución financiera en México quiera repatriar dólares en efectivo a EU necesita tener un convenio con una institución de aquel país, conocidas como corresponsalías (canales o líneas directas para colocar los dólares en su lugar de procedencia y que vuelvan a circular en su mercado de origen). 

Pero lo modular -que es lo que se pretende reformar- es que en ciertas ocasiones los canales de colocación de dólares se vuelven restringidos e inciertos, ya que el país de origen puede imponer barreas y obstáculos adicionales que generen un alto grado de incertidumbre. Además, “no todas las instituciones financieras de nuestro país cuentan con una corresponsalía, por lo que les es negada la posibilidad de repatriar dólares por su cuenta” (https://bit.ly/3rLWriS). 

En consecuencia, hay un mercado distorsionado produciendo una brecha entre el tipo de cambio a la venta y el tipo de cambio de compra. La corresponsalía es el elemento que busca actualizar en la iniciativa, que tiene como objeto que el Banco de México pueda funcionar como una corresponsalía de última instancia. Es decir: aquellos dólares en efectivo que no se pudieron colocar mediante las corresponsalías privadas existentes, puedan ser absorbidas por el Banco de México para formar parte de las reservas internacionales, lo que garantiza mayor confianza al mercado cambiario por el respaldo de la institución financiera por excelencia que dicta la política monetaria en México. Por otra parte, dará confianza a la participación de nuevas instituciones financieras, que se beneficiará con precios más competitivos -produciendo un dólar mejor valorado en un ambiente trasparente y de control. 

No obstante, las críticas a la nueva ley surgieron de inmediato a cargo de los expertos en economía monetaria y financiera; incluso el propio Banco de México señaló que asechaba las reservas internacionales porque colocaría dinero “mal habido” proveniente del crimen organizado. Sin embargo, “la propuesta precisa que las únicas transacciones que son objeto de esta iniciativa son aquellas que ya tuvieron que ser sometidas a los filtros antilavado de dinero. 

Es decir, deben contar con el estándar internacional de seguridad en la materia. No es que cualquier persona vaya a las oficinas del Banco de México a cambiar sus dólares, sino que lo seguirán haciendo mediante intervención de las instituciones financieras privadas, con todo y sus controles” (https://bit.ly/3rLWriS). Si bien el dinero colocado en la circulación al momento de cambiar de actividad económica –de mano- tiene una transformación imperceptible porque se modifica el giro al momento de la compraventa de mercancías o cuando se dispone a la inversión, es difícil saber en qué se utilizó el dinero en circulación. Sin embargo, hay entes públicos que investigan el lavado de dinero como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. 

La iniciativa también contempla acciones para alcanzar sus objetivos. Se buscarán acuerdos con la Reserva Federal (banco central de EU) para contar con mecanismos para mejorar el intercambio de dólares en efectivo a nivel de Estado para regular problemas estructurales y no de coyuntura, sin buscar la ganancia particular -como funciona actualmente para las instituciones financieras privadas que desempeñan esta actividad-. 

ANTONIO CASTRO 
OPINIÓN INVITADA