Que la ley no es la ley; el riesgo de la sobrerregulación electoral

“Y no me vengan con eso de que la ley es la ley”, dijo el presidente López Obrador en uno de sus cotidianos berrinches ante las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Como bien sabemos y como debieran saber los gobernantes, los jueces no hicieron las leyes; las aprobaron los legisladores acuerpados por los partidos en el Congreso, y en su momento fueron ratificadas por los titulares del Ejecutivo. Corresponde a la Corte aclarar, definir y fallar el sentido de esas leyes, no les está permitido inventarlas, ampliarlas o limitarlas; sólo pueden y deben determinar cuál es su sentido y fallar en consecuencia. No más y no menos.

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La fracción IV del artículo 41 constitucional señala que la duración de las campañas para Presidente de la República será de noventa días, y que las precampañas no excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales, es decir 60 días.

El artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que las precampañas darán inició la tercera semana de noviembre del año previo a la elección, y precisa: “Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato”.

Los partidos, a través de sus legisladores, redactaron la ley en esos términos. De manera particular su última reforma es consecuencia de los berrinches de quien hoy es Presidente de la República.

Siempre he pensado y sostenido que nos encanta sobrerregularlo todo, en particular la legislación electoral resulta excesivamente restrictiva. Cuestión de comparar con otras democracias. En cada coyuntura concreta y particular, los partidos van agregando o suprimiendo parches a la confusa luz de su más reciente descalabro electoral. Cada reforma responde únicamente a la coyuntura inmediata, nunca se toma en consideración que las circunstancias pueden cambiar, que no serán siempre oposición y que siendo gobierno hoy, no estarán en él de por vida.

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En México existen leyes correctas, otras no tan buenas, la mayoría son ignoradas y otras simplemente resultan inútiles y hasta estorbosas. La ley electoral no es una ley correcta, ni adecuada. En su base conceptual se localiza la desconfianza mutua, la sospecha como forma de vida. Asume que la corrupción y la trampa son deporte nacional, por eso sobrerregula y termina no controlando ni conduciendo absolutamente nada.

Rumbo a la elección presidencial de 2024, Morena y sus aliados adelantaron primero abiertamente el proceso. Las corcholatas derrochan millones de pesos en todo el territorio nacional. La violación a la ley está a la vista de todos. La oposición tenía dos sopas:

a) Respetar la ley, impugnar las prácticas de Morena y esperar a que las autoridades sancionaran al partido en el poder. El Presidente y sus corcholatas se tirarían al suelo.

b) Sumarse a la práctica violatoria de la ley para no perder competitividad. Total, ni modo que el INE sancione a todos por igual.

Como el INE está al servicio de los partidos, no de los ciudadanos, ya dictaminó que no hay problema. ¿Qué dirá ahora el Tribunal Electoral?

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En su obra clásica “¿Qué es una Constitución?”, Ferdinand Lassalle señala que los factores reales de poder son fuerzas sociales que informan y dan vida a una constitución y a las instituciones que de ella emanan. En México, y para efectos electorales, esos factores reales de poder han sido y son, entre otros, los partidos, los medios de comunicación social, el servicio electoral profesional y los intelectuales que en ello han encontrado un espacio de desarrollo profesional.

Entre todos, han dado cuerpo y forma a una legislación electoral que no sirve, que sobrerregula y no cumple su objetivo. Los factores reales de poder limitan el ejercicio democrático porque no confían en los ciudadanos y aprovechan esa desconfianza para arrogarse un poder mayor. Es impresionante y hasta contradictorio que teniendo el poder hagan algo tan poco práctico y terminen ellos mismos violando lo que aprobaron. Hacen mal el mal, del bien mejor ni hablamos.

@chuyramirezr