Sheinbaum: Nueva presidenta, nueva esperanza

Inevitable que la renovación del gobierno signifique la renovación de esperanza, con el agregado de que la presidenta Sheinbaum es mujer, preparada y ganó la elección de manera arrolladora; junto con ella los candidatos a legisladores y la mayoría de los cargos de elección en el nivel local. Suma en el optimismo a adherentes al obradorismo y una proporción de ciudadanos independientes, incluso parte de quienes votaron por la oposición. El punto de partida es un momento de júbilo y buenos deseos.

Bien, que se cumpla el anhelo de la mayoría. La tarea de gobernar no es fácil y, para el caso concreto, hay desafíos y problemas complejos nada sencillos de resolver, que seguramente habrán de modificar el consenso existente. Su antecesor tuvo la virtud de lograr amplio respaldo ciudadano a pesar de los malos resultados; sin embargo, buena cuenta fue una convergencia entre los excesos de autoridad y el bajo aprecio social por los valores de la democracia. Mentir, agredir al particular, hostigar al independiente o al opositor no fue sancionado, más bien aplaudido y no sólo por la base social, también por los sectores medios y las élites.

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En el pasado inmediato se optó más por la popularidad, menos por la eficacia del gobierno y menos aún por la responsabilidad democrática. El recurso dio resultado y es una de las herencias más perniciosas y tentación del gobernante: ganar aceptación por todo lo que se hace, omite y resulte, inevitablemente trasladando la sociedad a un estado de indefensión. Si los malos resultados devienen con complacencia y hasta reconocimiento, difícilmente puede haber un cambio para bien. En esto hay que destacar el valor de la crítica. Cuestionar al poder conduce a un mejor desempeño, aunque incomode a quien lo detenta.

López Obrador tuvo a su favor la memoria colectiva que rechazaba con contundencia al pasado. No sólo eran los marginados o los olvidados, también los sectores medios y hasta una parte de las élites. La polarización, preexistente y profundizada por el régimen y su presidente, permitió ganar la adhesión pública con la exposición maniquea del dilema entre el pasado corrupto, de privilegios y abuso o el presente de honestidad y servicio al pueblo. La presidenta Sheinbaum ya no tendrá ese mismo recurso o, al menos, ya no con la misma eficacia. Peña Nieto, Fox o Calderón son historia vieja.

Por eso construir esperanza ya no es un tema de cambio, especialmente para los que han interiorizado el obradorismo, es cuestión de continuidad. El problema es que se ha agotado como medio para generar amplia adhesión social. El futuro necesariamente transita por un gobierno capaz de gestionar lo que más anhela o preocupa a los mexicanos: la seguridad y la economía, en una circunstancia tal que anticipa serios desafíos.

La seguridad, en parte, es percepción, pero también realidad y hay problemas a la vista. Los mexicanos aprueban al gobierno anterior, pero se sienten y saben inseguros. La militarización con actuación pasiva de la fuerza pública no es opción y ha acentuado el problema de la impunidad de por medio, el origen de la violencia y la inseguridad. Debe haber un replanteamiento estratégico porque reactivar a los militares entraña riesgos inevitables, pero necesarios si de contener a los criminales se tratara. La reconstrucción de las policías civiles estatales y la coordinación con las fiscalías son parte de la respuesta, pero es un proceso que lleva tiempo y mucho dinero, además el objetivo de fondo es abatir la impunidad.

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Una economía que no crece genera sus propias limitaciones para una auténtica prosperidad. Se ha repartido el gasto público, pero no la riqueza nacional porque no hay intención alguna de reforma distributiva. El problema son las causas que complican el crecimiento económico y la pérdida de confianza. El gobierno pretende resolverlo a partir de la voluntad política, no de las reglas y su aplicación por un régimen de justicia profesional, independiente y confiable; problema conceptual que se hereda y sin solución fácil porque el cambio no fue en el ámbito de las políticas públicas, sino en las reglas constitucionales que acentuaron la discrecionalidad y, en consecuencia, la amenaza de arbitrariedad, abuso e impunidad.

El país tiene derecho a la esperanza, ni duda cabe, pero también a un buen gobierno que dé respuesta. De continuarse por el camino del reconocimiento sin considerar los resultados, la sociedad persistirá en estado de indefensión y abandono.