Sindicalismo en Coahuila, entre alianzas, conflictos y vacíos de poder

A partir del arribo de la 4T al gobierno de México, en el sindicalismo se imprimió una dinámica diferente, esto debido a que las centrales obreras radicales de antaño, entre las que se incluyen el FAT, la Liga Obrera, el SME y el sindicato minero, se convirtieron en parte del sector corporativo de Morena, que tanto fue criticado en su momento por quienes ahora conforman el gobierno.

De esa manera y con la alianza de la CROC y el CATEM a este frente obrero aliado de la izquierda light, prehistórica, aspiracional, burgués y acomodaticia que es la cuarta transformación, se fueron apoderando, a través de la aplicación del convenio 98, de sindicatos de empresas armadoras y otras importantes del país, a pesar de que su discurso no era distinto al de las centrales tradicionales que tanto criticaban y ni siquiera ofrecieron mayores beneficios a sus agremiados, se hicieron las cosas solamente por demostrar poder y no para representar los intereses de sus agremiados, a quienes les siguen cobrando sus cuotas puntualmente y en algunos casos incrementando éstas, pero de transparencia y rendición de cuentas no hay nada. ¡Válgame!

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Desde muy temprano en el régimen, surgió en la frontera tamaulipeca un movimiento ocasionado por la falta de criterio de algunos dueños de maquiladoras, y la figura de la hoy diputada Prieto nació como salvadora de los obreros con el movimiento 20/32 de Matamoros, que si bien es cierto reintegró un pago justo a los trabajadores, también ellos tuvieron que aportar los honorarios jugosos de la abogada que, según cálculos, se llevó 2 millones de dólares nomás de coperacha. Como mencionábamos arriba, en la 4T también nadie la brinca sin guarache y hasta diputada federal la hicieron.

En Coahuila habíamos tenido tres brotes de radicalización sindical: el primero entre 2001-2003 en Piedras Negras, Monclova y Frontera, protagonizado por Julia Quiñones, Elizabeth Robles y Conrado García, que ocasionaron el cierre de compañías, objetivo de este grupo patrocinado por el AFL-CIO de los gringos; el segundo en dos episodios ocurrió en 2011 y 2018 por parte de Julia Quiñones y Napito en Ciudad Acuña, y el tercero fue en 2016 en Monclova, protagonizado también por Napito. Estas detentaciones e intervenciones tuvieron como punto común atacar a la CTM local, quien luchó hasta donde pudo, ganando unas y perdiendo otras.

El establecimiento en el capítulo laboral del T-MEC del mecanismo de respuesta rápida como instrumento de los gobiernos de EU y Canadá, para certificar tanto la libertad sindical y la autonomía, ha sido utilizado de mala fe por parte de organismos radicales, como la Liga Obrera, aliada a Julia Quiñones, que actuando sin escrúpulo alguno logró su cometido de cerrar la empresa VU en Piedras Negras por medio de peticiones sin fundamento en la firma del contrato colectivo.

Dos sucesos de la última semana de seguro impactarán en la dinámica sindical y podrían afectar tanto a la CTM como a la CROC local.

La primera relacionada con el seguimiento de un proceso penal en contra de Leocadio Hernández, líder de la CTM en el norte, que tiene tintes políticos debido a la participación de este luchador social y obrero en el apoyo al PT, en junio pasado, y a Morena en las elecciones del próximo año. Cabe anotar que también se trata de una venganza por la enemistad que existe entre este líder y un funcionario de la actual administración que a su vez es dueño de una radiodifusora de esa ciudad.

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Leocadio ha sido un bastión para la CTM local en su lucha en contra de los radicales y es de los pocos que no cobra cuotas sindicales a sus agremiados.

Por otra parte, con la lamentable partida de Mario E. Morales, presidente de la CROC estatal, se puede generar un vacío de poder en esa central obrera que había logrado crecer y penetrar en empresas a lo largo del estado con un estilo firme y maduro, y que a su vez le había permitido una participación política importante para el PRI en ese sector.

Para lograr el crecimiento económico, a través de la atracción de empresas, es necesario garantizar la paz laboral por parte del estado, ya que entre sus obligaciones constitucionales está precisamente establecido ello, y además tiene facultades de conciliación a través de sus centros laborales. El dilema está en el interés en establecer las bases de una solución o simplemente dejar pasar las cosas sin interés y que se arreglen solas, lo anterior siempre con saldos a cargo de las empresas. ¡Haya cosa!