Trámites gubernamentales, ¿son burocracia u orden?

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, publicada por el Inegi, Coahuila ocupa
el segundo lugar en el ranking
de las entidad en que mayor número de trámites deben realizar las empresas para operar.

El indicador citado señala que, durante el año 2020, las empresas asentadas en nuestra entidad debieron acudir, en promedio, 48.1 veces ante una dependencia gubernamental para realizar algún trámite, incluidos pagos
o presentación de solicitudes
que implican la emisión de un acto de autoridad.

Ser la segunda entidad que más trámites demanda a las empresas, ¿implica un problema para el funcionamiento del sector privado o dificulta la operación empresarial de forma indeseable?

Responder a la pregunta anterior resulta importante en cualquier momento, pero lo es más en condiciones como las actuales en que uno de los objetivos más relevantes de cualquier comunidad es favorecer la reactivación de su economía.

En opinión del economista Antonio Serrano Camarena el número de procedimientos ante una dependencia gubernamental no es un indicador que deba leerse de forma aislada, sobre todo si se toma en cuenta que la propia encuesta del Inegi señala que menos del 10 por ciento de las empresas asentadas en Coahuila dijeron haber tenido problemas con ello.

Es una buena noticia, desde luego, que frente al número de trámites a realizar se cuente con otros indicadores, como el hecho de ser una de las entidades que ha recuperado más empleos formales luego de la afectación provocada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.

Vale la pena cuestionarse, sin embargo, si la tramitología gubernamental puede simplificarse aún más incorporando, por ejemplo, herramientas tecnológicas que la vuelvan ágil o que automatice los trámites.

Por otro lado, siempre debe existir la posibilidad de revisar el catálogo de procedimientos definidos por las autoridades
−y hacerlo con ojos críticos− a fin de eliminar aquellos que no agregan valor al proceso, sino solamente costo.

Y aquí es preciso señalar que, en muchos casos, los procedimientos que implican el pago de un derecho han sido creados con fines estrictamente recaudatorios y no implican necesariamente la garantía de cumplimiento de una norma o la protección de algún bien jurídico.

Por ello, aunque al final el número de trámites no necesariamente frene la actividad económica en sentido estricto, debe cuestionarse si la alientan,
la vuelven más segura o la empujan en la dirección de ser más amigable con el ambiente,
por citar un ejemplo.

En general, siempre valdrá la pena que a los indicadores de este tipo se les analice con ojos críticos y con el propósito de encontrar un justo equilibrio entre ser estrictos con la aplicación de las normas y no obstaculizar arbitrariamente la expansión de la inversión.