Una reforma a Ley Minera al fervor del T-MEC y la viabilidad económico-financiera

El paquete de reformas aprobadas en el Senado por el partido de la mayoría y sus aliados el 29 y 30 de abril pasados, fue tan extenso y controversial que logró diluir la crítica y obstaculizar el análisis público de sus repercusiones. La reforma a la Ley Minera, que al igual que el resto de las reformas de la sesión se discutió durante no más de 15 minutos, sin cambios y sin la participación de la oposición, amerita abordarse más allá de posicionamientos políticos, bajo la lupa del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y su viabilidad económico-financiera.

Repasemos primero, a manera de preludio, lo que a mi parecer son los principales cambios aprobados en esta reforma (o al menos los que vale la pena cubrir aquí) y que tanto molestan y preocupan a los principales actores del sector minero-metalúrgico. Primero, se aprobó una reducción en la duración máxima de las concesiones de 100 a 80 años (aunque en un comunicado, Economía menciona que son 55), condicionándolas a la disponibilidad de agua. En ese tenor, se crea también la obligación para las empresas de determinar impactos sociales y ambientales por cada concesión, y la erogación del 5 por ciento de las utilidades netas para las comunidades donde se realiza la explotación (las cuales me parecen grandes aciertos). Por último, aquel que considero tendrá mayores repercusiones: la asignación del monopolio de la exploración para el Estado a través del Servicio Geológico Nacional (SGN), y la figura de concurso público para la explotación.

T-MEC

Es bien sabido que el sector minero-metalúrgico mexicano cuenta con una importante presencia de capital internacional. De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), de los $3,165 millones de dólares de inversión privada vertida en el sector durante 2020, poco más de una tercera parte correspondió a inversión extranjera directa. Más aún, dos de los principales inversionistas internacionales del sector son Canadá y Estados Unidos, quienes en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y ahora el T-MEC, han realizado inversiones acumuladas (entre 1999 y 2022) por $21,488 millones de dólares, cifra que representa el 64 por ciento de toda la inversión extranjera que ha recibido el sector durante este período.

La reducción del tiempo de concesiones; el incremento de condicionantes, obligaciones y sanciones; la monopolización de la exploración; y el trato preferencial a empresas Estatales para asignarles concesiones de explotación, podrían contravenir las disposiciones de inversión en Trato Nacional (9.4) y Nivel Mínimo de Trato (9.6) del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), y las de Empresas propiedad del Estado (22) del T-MEC. Por ello, el pasado miércoles 24 de abril la ministra de comercio de Canadá urgió a la titular de la SE respetar sus compromisos comerciales internacionales, molestias que además se suman a otras controversias vigentes como la energética.

Viabilidad económico-financiera

De acuerdo con información del INEGI y la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), la minería participa en al menos 70 cadenas productivas y en 2022 contribuyó con el 4.7 por ciento del PIB de México, aportando sustento directo a 406,179 trabajadores y sus familias.

Según el SGN, entre 2016 y 2020 la inversión privada anual destinada a actividades de exploración fue de $364 millones de dólares en promedio. Por otro lado, durante 2020 el presupuesto del SGN fue de $32.1 millones de dólares, mismo que desde 2019 había sufrido recortes en el marco de la agresiva política de austeridad del Gobierno Federal. Por tanto, si los cálculos no nos fallan, para que el monopolio Estatal de exploración pueda funcionar manteniendo las condiciones del mercado y sin generar riesgos para las cadenas de suministro en las que participa el sector minero-metalúrgico, el SGN necesitaría un incremento de al menos nueve veces su presupuesto.

Lo anterior adquiere especial relevancia en la coyuntura regional actual, pues desde el inicio de ambas administraciones, los gobiernos de México y Estados Unidos, junto con Canadá, han trabajado en iniciativas para hacer más resilientes las cadenas de suministro en Norteamérica (mismas que han evolucionado para convertirse en lo que hoy conocemos como nearshoring), por lo que la implementación de políticas que pudieran afectar el abasto no serían bien recibidas ni por la industria ni por los principales socios comerciales de México.

@PedroDLRH

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