Vivienda: ¿cada vez más fuera del alcance de muchos?

Uno de los rubros en los cuales la carestía se manifiesta con mayor énfasis en la capital de Coahuila es el de la vivienda. Los precios de la tierra y de las construcciones han sufrido un incremento de hasta 30 por ciento, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. (AMPI).

La razón fundamental de este hecho, conviene precisarlo, es una de las reglas conocidas del mercado: a mayor demanda, mayor precio. Pero esto, aunque explica el fenómeno y sus efectos, no necesariamente lo justifica, sobre todo en términos sociales.

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Y es que si contar con una casa propia se considera un derecho, la definición de su precio no puede simplemente abandonarse a las reglas del mercado. Y esto es así porque si solamente la oferta y la demanda lo determinan eso se convierte en una barrera de acceso para las familias de menores ingresos.

No se trata, por cierto, solamente de que se construyan casas a un precio que permita su adquisición, sino también que estas se ubiquen en una lugar donde los costos de movilidad y el acceso a los servicios indispensables no terminen por encarecerla de forma indirecta.

En otras palabras, de lo que se trata es de considerar la obligación que el Gobierno tiene de diseñar y desplegar políticas públicas que permitan ejercer el derecho a la vivienda a todas las personas. O, si se prefiere verlo desde otra perspectiva, que no conviertan al desarrollo inmobiliario en una actividad cuyo único objetivo sean las ganancias económicas.

La situación es realmente compleja, según lo ha señalado Eunice Sánchez Martínez, presidenta de AMPI en Saltillo: “si nos vamos con vivienda de interés social, que el promedio es de 600, 650, 700 mil (pesos), ya no llegamos a los 800 mil, no la hay, es vivienda que no se está construyendo. Si la llegas a encontrar está muy a las afueras de la movilidad de la ciudad. Entonces realmente no hay un producto para ese tipo de familias que buscan adquirir su propiedad, su patrimonio”.

¿Tendría que intervenir el Gobierno para modificar esta realidad? La respuesta es un contundente sí. Y debe hacerlo porque de otra forma la posibilidad de adquirir una casa se va a ir convirtiendo en un privilegio, es decir, dejará de ser un derecho, circunstancia que afecta sobre todo, como ocurre con todos los fenómenos económicos, a quienes menos tienen.

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Las ciudades modernas deben ser un espacio en el cual todos sus habitantes cuenten con la posibilidad de crecer y desarrollarse conforme a sus propios méritos. Pero si el acceso a la vivienda impone cargas artificiales a las familias de menores ingresos eso se traduce, al final, en una disminución real de sus expectativas de progreso.

Que los precios de la vivienda se encuentren sujetos a las fuerza del mercado no es un problema en sí mismo. Pero se convierte en tal cuando el Estado no interviene para moderar dichas fuerzas y equilibrar la oferta y la demanda en beneficio de los menos favorecidos.