Luis González Briseño, comisionado presidente del ICAI. Foto: Vanguardia/Mayra Franco
Nueva ley obligará a los estados a resguardar información en un registro público nacional

Para evitar que los archivos documentales que surjan de todos los estados del país sean extraviados, robados o mal utilizados, la Comisión de Archivos del Sistema Nacional de Transparencia anuncia las obligaciones de la Ley General de Archivos que pronto será aprobada por los diputados de la 63 Legislatura.

En las instalaciones del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), José Guadalupe Luna, coordinador de la comisión, dijo que se visitarán todas las entidades para anunciar los beneficios de esta nueva ley que castigará penalmente a quien ultraje los archivos de gran relevancia.

Mencionó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) está preocupada por el tema porque ya no se roban solamente pinturas, esculturas o piezas arqueológicas, sino que también se detecta robo, compra-venta de archivos documentales.

Por ello la finalidad de impulsar el tema de la gestión documental que se debe de adoptar y visibilizar las obligaciones que se van a generar a partir de la expedición de la nueva Ley General de Archivos.

Explicó que la Ley establece obligaciones que atenderán todos los estados, adicionales para la gestión documental para garantizar que los archivos estén en un registro público nacional, con debida seguridad y con un control de quien los maneja.

Al momento no se cuenta con un inventario nacional por lo tal no se ha visibilizado cuántos archivos de este tipo se tienen, a consecuencia de ello tampoco se sabe el tráfico de documentos en la nación.

Con la nueva ley se sancionará penalmente al robo, sustracción de documentos, por el momento son sanciones de carácter administrativo.

“Solo falta que los diputados aprueben el acuerdo”, comentó al explicar los contenidos de la ley ante las autoridades presentes a quienes invitó a identificar las obligaciones de la materia y así se aproveche el plazo (dos años) que dará la Ley para comenzar a hacer gradualmente la transformación en los procedimientos.

“Normalmente se aprueba una ley y entra el vigor y todo mundo trata de adoptar ese tipo de obligaciones, en materia documental los cambios no se darán de un día para otro, se requieren de procesos para capacitar el personal, destinar recursos, para impulsar nuevos procedimientos”, dijo.

En tanto, Luis González Briseño, comisionado presidente del ICAI, mencionó que en Coahuila la gran mayoría de los documentos están digitalizados, desde oficios, actas de cabildo y están en el portal de transparencia, es decir, cualquier ciudadano puede tener acceso a ellos cuando anteriormente solo se podían ver o consultar en determinados archivos históricos.

“La actualización implica que todos los documentos puedan ser fotografiados para subirse a la red o a los portales de los sujetos obligados, en el caso de Coahuila hay un avance, solamente algunos documentos históricos que dada su naturaleza no se pueden manejar a través de la digitalización, están ya digitalizados”, explicó.

Las entidades tendrán dos años para la transformación de sus procedimientos.