De acuerdo con la legislación vigente cualquier persona que se coloque detrás del volante de un vehículo automotor debe contar con una licencia para poder conducirlo pues, de lo contrario, estaría infringiendo los reglamentos de tránsito y, eventualmente, otras normas.

En teoría, la obtención de la licencia de conducir no es un simple trámite por el cual deba pagarse un derecho, sino un mecanismo que sirve para garantizar que la persona que conduce un vehículo efectivamente cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios para realizar tal actividad.

Y el hecho de que sea una oficina gubernamental la que expida tales documentos implica que el Gobierno está cumpliendo con la obligación de garantizar la seguridad de todos, impidiendo que un vehículo sea conducido por una persona que constituya un peligro para sí misma y para los demás.

Pero tal lógica, según parece, no aplica en Coahuila, donde la expedición de las licencias de conducir, a juzgar por la evidencia a la mano, representan sólo un mecanismo de recaudación para el Gobierno del Estado.

O al menos eso deja de manifiesto el grave retraso que en la entrega de las nuevas licencias de conducir registran los módulos instalados por la Subsecretaría de Transporte, de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado, para dicha tarea.

Desde diciembre pasado, como se informó en su momento, los ciudadanos que aprovecharon la oferta de El Buen Fin han padecido un auténtico viacrucis para obtener un documento por el cual ya cubrieron los derechos correspondientes, debido a que la dependencia a cargo del trámite no tomó las previsiones necesarias más que para cobrarles.

Desde diciembre pasado, los ciudadanos han padecido un auténtico viacrucis debido a que la dependencia a cargo del trámite no tomó las previsiones necesarias más que para cobrarles"

La fórmula parece bastante sencilla para cualquier observador con mínimo conocimiento de aritmética: se divide el número de horas que los módulos están abiertos al público entre el tiempo que en promedio toma realizar cada trámite individual y el resultado de dicha operación indica con claridad el número de personas que es posible atender por módulo.

Enseguida se divide el número de trámite pagados entre el número de personas que es posible atender por módulo y el resultado de esa operación indica el número de días requeridos para atender a todas las personas que han pagado por el trámite. Si el número de días resulta excesivo –y, en este caso, más de una semana sería excesivo– eso indica que deben habilitarse más módulos.

La lógica elemental, sin embargo, no parece ser el fuerte de quienes tienen a su cargo este proceso –que incluso pudo programarse en el código de la página web a través de la cual se realiza el pago correspondiente–, sino solamente la recaudación del pago correspondiente.

Con ello, no solamente se provoca la molestia de los usuarios –que deben perder muchas horas en un trámite que podría ser muy rápido– sino que se deja en estado de indefensión a los automovilistas que, debido a la incompetencia de las oficinas públicas, no cuentan con su licencia de conducir.

Cabría esperar que, más allá de las disculpas y de las ampliaciones de horarios, quienes tienen a su cargo este proceso tomen acciones para solucionar el problema de fondo.