El hoy magistrado Bernardo González no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución de Coahuila para ocupar el puesto en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Una de las características que distingue a una sociedad democrática, de aquellas que no lo son, es la prevalencia del estado de derecho. En otras palabras, sólo allí donde las leyes se imponen por encima del capricho, la conveniencia o el interés individual es posible afirmar que hay democracia.

Y si en algún aspecto se nota el estado de derecho es en la existencia de reglas precisas y claras para la designación de servidores públicos. Pero, sobre todo, se nota en el respeto escrupuloso a tales reglas por parte de todos, es decir, por quienes deben cumplirlas y por quienes deben hacerlas cumplir.

El comentario viene a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la designación del exdirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Bernardo González Morales, como magistrado Numerario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Coahuila.

¿Qué tiene de particular esta designación, más allá de que pueda interpretarse como una “concesión” del Poder Ejecutivo hacia la oposición política, con la cual se ha visto obligado a cohabitar debido a que aquella controla el Poder Legislativo de la entidad?

La particularidad estriba en que el hoy magistrado no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución de Coahuila para ocupar dicho puesto, específicamente el contenido en el numeral V del artículo 136-A de la ley fundamental local.

El artículo en cuestión establece que para ocupar un asiento en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje es indispensable, además de poseer un título profesional con al menos 10 años de antigüedad, “tener como mínimo tres años de experiencia acreditable en materia laboral”.

¿Qué debe entenderse por “experiencia acreditable”? Si hablamos de una persona que va a fungir como juez de las controversias que se susciten entre los poderes públicos de la entidad y sus empleados, la lógica más elemental debería conducirnos a pensar que la experiencia deseable es justamente en el litigio en materia laboral.

Sin embargo, dado que Bernardo González obtuvo hace apenas unos días la cédula profesional que lo acredita como Licenciado en Derecho, no pudo actuar como abogado en ningún juicio laboral porque para ello es necesario contar con la cédula profesional.

Por tanto, es lógico afirmar que carece de la experiencia exigida por el perfil del puesto y tal circunstancia acrecienta el tufo a “concertacesión” que tienen, desde hace algún tiempo, las designaciones de magistrados del Poder Judicial de Coahuila, entre las cuales se ha vuelto una regla que aparezcan prominentes panistas de la entidad.

No es novedad, por supuesto, que el perfil y la trayectoria de quienes llegan a tales posiciones sean más los de un político que los de un jurista –ya no digamos de un juez–, pero al menos hasta ahora se había tenido el cuidado de que quienes eran designados para tales plazas cumplieran escrupulosamente con los requisitos exigidos para ello.