Comunidad gay alista defensa legal contra homofobia de la Iglesia

México.- A escala nacional, la comunidad Lésbico Gay Bisexual Transexual Transgénero Travesti e Intersexual (LGBTTTI) se organiza para responder a la campaña de homofobia iniciada por la jerarquía católica y sus movimientos de fieles. En sus primeras acciones se destaca la asistencia legal para presentar quejas y denuncias ante las autoridades.

Además preparará a un grupo de personas que defenderá ante los congresos locales la iniciativa presidencial de matrimonios igualitarios, con bases jurídicas.

Activistas de la comunidad LGBTTTI coincidieron en que la Secretaría de Gobernación (Segob) es la responsable de frenar la campaña de homofobia y difamación, en la que no solo participan los católicos, sino también, dijeron, se han sumado iglesias evangélicas.

Para los activistas, la Segob no ha actuado, pese a la intromisión clara de los religiosos en políticas públicas, por lo que se les puede sancionar.

La activista Lol Kin Castañeda, quien presentó queja ante Gobernación contra el cardenal Norberto Rivera y el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, aseguró que no permitirán a los legisladores ceder a la propuesta de los obispos de cambiar el término matrimonio por otra figura jurídica.

Advirtió que la jerarquía católica abusa de sus medios de comunicación para atacar a esa comunidad; por eso, señaló, es urgente la actuación de la Segob.

En entrevista con MILENIO, Lol Kin indicó que Gobernación no ha dado respuesta a la queja presentada, pese a que es la única instancia encargada de detener "esa oleada de discursos de odio y de incitación a la violencia social.

"Hacemos esfuerzos no solo en la Ciudad de México, sino con organizaciones estatales para hacer un enérgico llamado al cumplimiento de la ley y entender que esta comunidad no quiere privilegios, sino que se garantice el mismo derecho del que goza cualquier otra persona en México" agregó.

La activista enfatizó: "Debe quedar claro que no es una cruzada que atente contra el derecho de nadie, sino que (busca que) se garanticen todos los derechos para todas las personas en igualdad de circunstancias, de conformidad con lo que dispone la Constitución. No estamos pretendiendo vulnerar a nadie, por eso el llamado a frenar la violencia social y las movilizaciones que solo alientan el miedo, la ignorancia y la violencia. Eso en nada favorece a un país democrático".

Al preguntarle sobre el cambio de la palabra matrimonio por otra figura jurídica, explicó: "No cederemos, porque hablamos de un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima instancia de impartición de justicia, y eso de que le llamen a la unión hombre-hombre o mujer-mujer de otra forma es como si viviéramos en los años 40. Eso que pretende la Iglesia católica, diferenciar, se superó hace muchas décadas, entonces no tenemos porque nombrar los derechos de distinta forma".

Además, puntualizó Lol Kin, se debe tener claro que la Iglesia católica no es la instancia con la que se construyen los derechos. "Las asociaciones religiosas tienen un lugar en la sociedad y está garantizada la laicidad, pero los dogmas de fe no pueden ser una imposición colectiva en el país, y eso es lo que no han alcanzado a entender".

Las lesbianas u homosexuales, agregó, no pretenden restringir el derecho a creer en la religión católica o evangélica, por lo que exhortó a la Segob a detener las movilizaciones a las que han convocado los frentes a favor de la familia en los estados.

"No tienen derecho de ser, porque no atentamos contra nadie, solo decimos 'aquí estamos, formamos parte de esta sociedad y venimos a gozar de los mismos derechos'. No estamos pensando en quitarles a sus niños y educarlos nosotros; por el contrario, necesitamos que a las familias ya conformadas no se les siga discriminando, que se entienda que no buscamos un privilegio, sino un derecho".

De las quejas presentadas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la activista adelantó que éstas se fortalecerán con las de otras organizaciones.

Lol Kin afirmó que no buscarán un acercamiento con los obispos, porque "ellos no tienen intención en dialogar; ellos tienen un dogma de fe que van a imponer cueste la violencia que cueste. Por eso acudimos a Segob; si los obispos quieren participar en política, no solamente tienen que alzarse las sotanas, sino modificar las leyes".

Para Alejandro Brito, director de Letra S, los obispos han tenido una clara intromisión en las leyes del país y lo que está "en juego es el carácter laico de las instituciones".

"La Secretaría de Gobernación está paralizada ante la beligerancia de las Iglesias. Su actitud tendrá que ser más contundente", señaló Brito.

Recordó que desde el año 2000, empezó la discusión con las sociedades de convivencia. "Llevamos 16 años discutiendo este tema. En ese año una tercera parte de la población estaba a favor del reconocimiento, hoy ya es la mayoría. Sí ha habido un cambio".

Pero en donde aún se mantiene un prejuicio, reconoció Brito, es en la adopción. "Ahí si hay una fuerte oposición, pero solo con un cambio cultural y promoviendo el respeto a la diversidad se logrará. Por eso, uno de los acuerdos con la Presidencia de la República es que se elaboren campañas educativas para combatir la homofobia".

 

Religiosos documentan casos de intolerancia

Ira N. Forman, enviado especial del combate al antisemitismo dependiente de la oficina de Religión y Asuntos Globales del Departamento de Estado de Estados Unidos, se reunió el pasado viernes con líderes, miembros de la sociedad civil y autoridades religiosas, para tratar el tema de la libertad en ese ámbito y de posibles actos de intolerancia o antisemitismo.

Convocados por la representación diplomática en México, asistieron el presbítero Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial de la Sociedad de San Pablo (CCM), y Guillermo Gazanini Espinoza, colaborador del centro y asesor parlamentario en la Cámara de Diputados. Los analistas presentaron al enviado especial el reporte del CCM sobre sacerdotes perseguidos y asesinados en los dos últimos sexenios.

A su vez, Óscar Moha, director de la Asociación Libertad y Dignidad, expuso ante los funcionarios estadunidenses que tienen registrados 163 casos de intolerancia religiosa; sin embargo, la Secretaría de Gobernación solo reconoce 22 ante la dirección de Asuntos Religiosos en este sexenio.

Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Jalisco, informó, son los estados con mayor número de actos de intolerancia religiosa. Además, en las 30 oficinas estatales de Asuntos Religiosos la mayoría de los encargados (95%) son improvisados, sin experiencia.